El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementó acciones ejecutivas y políticas con impacto en los comicios del 3 de noviembre, en los que se renovarán escaños en la Cámara de Representantes, el Senado, legislaturas estatales y cargos como gobernadores y secretarios de Estado, relevantes para las elecciones presidenciales de 2028.
En agosto de 2025, Trump emitió una orden ejecutiva para que los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional revisaran las listas de votantes en 44 estados y Washington D.C., alegando investigar posibles fraudes electorales. Ocho estados gobernados por republicanos cumplieron con la solicitud, mientras que 20 estados se negaron, lo que derivó en demandas federales. En junio de 2025, una jueza federal declaró ilegal parte de dicha orden.
Entre 2020 y 2022, se eliminaron 19 millones de registros electorales, un 21% más que en el período 2014-2016, según datos de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC). Organizaciones como Election Integrity Network, True the Vote y Judicial Watch impulsaron estas purgas, que afectaron principalmente a minorías étnicas y personas de bajos ingresos.
Trump promovió la eliminación del voto por correo, argumentando que este método beneficia al Partido Demócrata. En agosto de 2025, anunció una orden ejecutiva para cancelarlo, pero la revocó 24 horas después. Según datos de NBC News, en elecciones recientes, el 44% de los solicitantes de voto por correo estaban registrados como demócratas, frente al 29% de republicanos.
En marzo de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva *Preservar y proteger la integridad de las elecciones estadounidenses*, que exigía prueba de ciudadanía para registrarse como votante. La medida fue bloqueada por tribunales. Además, ordenó evaluar la ciudadanía de los beneficiarios de asistencia pública antes de proporcionarles formularios de registro electoral, disposición que también fue anulada por una jueza federal.
Trump ejerció presión sobre legislaturas estatales de mayoría republicana para rediseñar distritos electorales, práctica conocida como *gerrymandering*. Como resultado, Texas obtuvo cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes, mientras que California, bajo control demócrata, neutralizó la medida. Otros estados como Carolina del Norte y Missouri implementaron cambios, aunque Ohio rechazó la propuesta.
La administración Trump ha ignorado a la Comisión de Asistencia Electoral (EAC), una agencia bipartidista con un presupuesto de 2,800 millones de dólares destinados a modernizar los sistemas electorales. En marzo de 2025, ordenó a la EAC exigir pruebas de ciudadanía en los formularios de registro electoral, medida que no prosperó.
Trump ha indicado que impugnaría los resultados electorales en caso de una victoria demócrata en el Congreso, repitiendo tácticas utilizadas en 2020.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**