El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) exigió a las autoridades de viviendas públicas verificar la ciudadanía de los inquilinos en un plazo de 30 días. Las entidades que no cumplan con la directriz podrían enfrentar la retención o reducción de financiamiento federal.
La medida se implementó tras una auditoría conjunta con el Departamento de Seguridad Nacional, que identificó 200,000 beneficiarios de asistencia de alquiler con problemas de elegibilidad. Entre los hallazgos se registraron 25,000 casos de inquilinos fallecidos y aproximadamente 6,000 no ciudadanos considerados no elegibles.
El secretario del HUD, Scott Turner, declaró: ‘Los no ciudadanos no elegibles no tienen cabida en los programas de asistencia social’. Agregó que la medida busca ‘proteger los recursos de los contribuyentes’.
Ben Hobbs, subsecretario de Vivienda Pública e Indígena del HUD, indicó que la verificación es ‘un paso crucial para garantizar que los recursos limitados se destinen únicamente a familias elegibles’. Señaló que ‘cientos de miles de familias esperan en listas de vivienda en todo el país’.
Según datos del HUD, cerca de 970,000 hogares residen en unidades de vivienda pública administradas por 3,300 Autoridades de Vivienda Pública (PHA) que reciben fondos federales. Estos programas subsidian el alquiler para familias de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidad.
En febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para excluir a inmigrantes indocumentados de beneficios financiados con fondos públicos, en cumplimiento de una ley federal que ya restringía su acceso a estos programas.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**