Segundo detenido fallece en custodia estatal en Venezuela en menos de un mes

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El abogado José Gregorio Hernández Polo, de 59 años, murió la madrugada del martes en la estación policial Zona 7 de Boleíta, al norte de Caracas. Hernández Polo fue detenido por su presunta participación en las protestas postelectorales del 28 de julio de 2024, según declaraciones de sus familiares y allegados.

Este es el segundo fallecimiento de un detenido bajo custodia estatal en menos de un mes en Venezuela. La familia, originaria de Maracaibo (estado Zulia), recibió la notificación para retirar el cuerpo. Yessy Orozco, hija del diputado Fernando Orozco —detenido por razones políticas—, difundió un video en redes sociales donde declaró: «Manejamos información extraoficial de que hay un nuevo fallecimiento. Exigimos una denuncia formal y responsabilizamos a los directores del centro de reclusión».

El periodista Seir Contreras reportó movimientos inusuales en la Zona 7 de Boleíta, similares a los registrados durante la muerte de Edison José Torres Fernández, policía de 52 años, el pasado 10 de enero. Torres, con más de 20 años de servicio en la brigada hospitalaria de Guanare, fue detenido en diciembre de 2024 tras criticar al gobierno venezolano en un grupo de WhatsApp. Fue acusado de «traición a la patria» y «asociación para delinquir». El fiscal general, Tarek William Saab, informó que su muerte se debió a «un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco».

Ambos detenidos permanecieron en la Zona 7 de Boleíta, un centro con capacidad oficial para 250 personas. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado hacinamiento extremo y condiciones sanitarias críticas, incluyendo brotes de enfermedades como la sarna. La legislación venezolana establece que la prisión preventiva no debe exceder las 48 horas, aunque el OVP documenta casos de reclusos detenidos hasta cinco años. En 2019, este centro registró una población carcelaria superior a los mil internos.

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Desde 2015, el OVP ha registrado la muerte de 27 presos políticos bajo custodia estatal. Entre los casos documentados se encuentran el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, el concejal Fernando Albán y el exgobernador Alfredo Díaz. La organización ha solicitado en reiteradas ocasiones el cierre de la Zona 7 de Boleíta debido a sus condiciones, sin que se haya registrado una respuesta oficial por parte de las autoridades.

**REDACCIÓN FV MEDIOS**