El Gobierno de la República Dominicana implementó en 2026 un ajuste tarifario en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), presentado como una corrección técnica pendiente desde 2003. Antonio Florian, secretario general de la Fuerza del Pueblo, criticó la medida al señalar que el agua no debe ser utilizada como herramienta de ajuste fiscal en un contexto de reducción del poder adquisitivo de la población.
El debate incluye la nueva Ley General de Agua, que establece concesiones de hasta 40 años. Algunos sectores indican que la normativa podría entrar en conflicto con el Artículo 15 de la Constitución, que reconoce el acceso al agua como un derecho fundamental.
Autoridades y especialistas destacan que el servicio de agua implica costos asociados a infraestructura, tratamiento, distribución y mantenimiento. Según datos oficiales, el país pierde cerca del 50% del agua producida debido a fugas, falta de inversión y limitaciones en la gestión eficiente.
La discusión se centra en cómo equilibrar la gestión estatal, que debe garantizar el acceso al agua como derecho humano, con los criterios de sostenibilidad financiera del sector.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**