El Gobierno de Guatemala activó un estado de sitio por 30 días para enfrentar la violencia vinculada a pandillas y organizaciones criminales. La medida fue anunciada por el Ejecutivo con el objetivo de neutralizar acciones desestabilizadoras sin afectar la vida cotidiana ni los procesos institucionales del país.
En operativos recientes, las autoridades rescataron a todos los rehenes en centros penitenciarios sin reportar víctimas fatales. El Gobierno declaró que “no negocia con criminales” y actúa “en el marco de la ley”.
Se declararon tres días de luto nacional por la muerte de agentes policiales, con el pabellón del Palacio Nacional a media asta. La Constitución guatemalteca establece que el estado de sitio puede activarse ante actividades terroristas, sedición, rebelión, homicidios, secuestros o ataques armados que amenacen el orden constitucional o la seguridad estatal.
Durante este régimen, el presidente asume el mando como Comandante General del Ejército, delegando su ejecución al ministro de Defensa Nacional. Las fuerzas armadas adquieren facultades para intervenir, disolver organizaciones sin personería jurídica y detener sospechosos sin orden judicial previa.
El Gobierno atribuyó la violencia a la pérdida de privilegios de grupos delictivos tras reformas de seguridad. Durante el fin de semana, se registraron disturbios en cárceles, motines y ataques contra policías. En los operativos, se rescataron más de 40 rehenes, se incautaron armas y se realizaron traslados médicos.
Luis Alberto Contreras Colíndres, presidente del Congreso, expresó solidaridad con los agentes de la Policía Nacional Civil. La embajada de Estados Unidos emitió una alerta de emergencia para sus ciudadanos en Guatemala. Como medidas preventivas, se suspendieron clases, se redujo el transporte público y se cancelaron actividades recreativas y religiosas.
Hasta el momento, se reportan ocho policías muertos y más de diez heridos en los incidentes.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**