El caso de la menor Briana expuso deficiencias en la gestión de desapariciones por parte del Estado dominicano. Según datos oficiales, en 2023 se registraron más de 300 casos, con un promedio de varias desapariciones diarias. La mayoría carece de seguimiento institucional o mediático continuo.
La intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en el caso de Briana evidenció limitaciones en los recursos locales. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, había informado previamente que la unidad especializada operaba con personal reducido, tecnología insuficiente y capacidades restringidas. Hasta la fecha, no se han implementado mejoras significativas en estas condiciones.
Entre los mecanismos pendientes de implementación se encuentra la Alerta Amber, cuyo proyecto permanece sin aprobación en el Congreso Nacional. Este sistema, utilizado en otros países, permite activar protocolos de búsqueda en las primeras horas tras una desaparición, cuando las probabilidades de localización son mayores.
La falta de respuestas institucionales oportunas, según análisis de expertos, facilita la propagación de desinformación y teorías sin sustento comprobable, como las relacionadas con trata de personas o tráfico de órganos. Esta situación afecta la confianza ciudadana en las instituciones.
Casos como los de Roldani y el joven Sang, que no alcanzaron la misma visibilidad mediática que el de Briana, reflejan disparidades en la atención recibida. Observadores señalan que estas diferencias se vinculan al nivel de exposición pública y no a la gravedad de los hechos.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**