El próximo 24 de abril de 2024, la Corte Suprema revisará el caso Idaho vs Estados Unidos, que determinará si los proveedores médicos en los estados que han prohibido el aborto pueden continuar realizando abortos a mujeres embarazadas cuando estas sufren condiciones médicas extremas que ponen en riesgo su vida, tal como está establecido por una regulación federal: la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA).
Idaho prohibió el aborto y quiere criminalizar a los médicos por brindar servicios de aborto, incluso en caso de una emergencia médica.
Proveedoras médicas compartieron sus experiencias profesionales y personales al ofrecer atención de emergencia a mujeres embarazadas en estados como Idaho, donde se ha prohibido el derecho al aborto casi totalmente, en un evento organizado por el Center for American Progress (CAP) que destacó cómo la criminalización de la atención del aborto y la interferencia del sistema judicial en su práctica médica diaria las ha afectado al nivel personal y profesional.
Médicas de Idaho y otros estados rurales expusieron en el siguiente video cómo la criminalización de la atención del aborto y la interferencia de la Corte Suprema en su práctica médica diaria ha cambiado sus vidas personales y profesionales.
Los estados que imponen prohibiciones totales del aborto hasta la fecha son Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y West Virginia.
Idaho puso a los proveedores de servicios médicos en una posición imposible
La legislatura del estado de Idaho aprobó una prohibición del aborto en 2020 en previsión de que la Corte Suprema anulara Roe vs Wade, una de las llamadas “leyes resorte” que se dictaron en varios estados con el objetivo de que entraran en vigor inmediatamente o pasados unos días, tras la sentencia del Supremo.
Apenas dos meses después de que la Corte Suprema tomara su decisión errónea y devastadora de revocar el derecho constitucional fundamental al aborto, la prohibición del aborto en Idaho entró en vigor el 25 de agosto de 2022.
Los legisladores de Idaho modificaron la ley en 2023 y actualmente sanciona como delito casi todas las formas de aborto, excepto aquellas que son “necesarias para prevenir la muerte de la mujer embarazada”, la interrupción de un embarazo ectópico o los abortos resultantes de violación o incesto en casos limitados y en circunstancias gravosas.
La prohibición de Idaho entra directamente en conflicto con la ley federal que exige que los hospitales traten a los pacientes que experimentan una afección médica de emergencia y les brinden atención estabilizadora.
Las personas embarazadas pueden enfrentar una variedad de condiciones que amenazan sus vidas o que amenazan gravemente su salud.
La atención de emergencia para el aborto puede ser necesaria para estabilizar el tratamiento en esos casos, y la ley federal EMTALA exige que los hospitales brinden esa atención.
Sin embargo, Idaho quiere criminalizar la atención requerida por la ley federal, negando a las pacientes embarazadas la protección en emergencias médicas que tienen otros pacientes.
La ley de Idaho coloca a los proveedores de salud en una posición imposible: si brindan atención estabilizadora que requiera un aborto con el consentimiento de la embarazada, podrían enfrentar un proceso penal, pero si no lo hacen, estarán dejando a sus pacientes en una crisis con riesgos para sus vidas.
La contradicción creada para los proveedores médicos respecto a los cuidados que pueden ofrecer a embarazadas durante una emergencia en Idaho y en otros estados que prohíben el aborto ya ha causado un éxodo de médicos especializados en el cuidado de embarazadas en estados como Idaho y Ohio, porque no quieren enfrentar el riesgo de ir a prisión ni el de dejar morir a uno de sus pacientes.
Este es el segundo caso importante relacionado con el derecho al aborto que la Corte Suprema considerará este año en medio de las consecuencias de la revocación de Roe vs Wade en 2022.
El primer caso importante ante la Corte Suprema este año que está relacionado con el derecho al aborto es el que discute el acceso a la mifepristona, un fármaco abortivo de uso frecuente en los abortos por medicamentos.
*Con información del Center for American Progress que ha dedicado una serie de artículos y análisis al caso Idaho vs. Estados Unidos y a los riesgos de criminalizar el cuidado de salud de embarazadas
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