El Congreso de la República Dominicana promulgó el 7 de agosto de 2025 la Ley 80-25, que restablece el Ministerio de Justicia, una institución que existió entre 1844 y la década de 1960. La normativa tiene como objetivo separar las funciones administrativas de la Procuraduría General de la República (PGR), coordinar políticas contra la criminalidad y establecer un enlace entre el Poder Ejecutivo y el sistema de justicia.
El presidente Luis Abinader designó el 5 de enero de 2026 al jurista Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia mediante el Decreto 1-26, junto con Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. La ley establece un plazo de 12 meses para la implementación del ministerio, que deberá estar operativo a más tardar en enero de 2027.
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 80-25, las atribuciones del Ministerio de Justicia incluyen:
– Dirigir la política estatal contra la criminalidad y coordinar acciones en materia de seguridad delegadas por el Poder Ejecutivo.
– Coordinar la representación judicial y extrajudicial del Estado, incluyendo la defensa en tribunales y foros arbitrales.
– Gestionar el Sistema Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con el Defensor del Pueblo y organismos internacionales.
– Administrar el Sistema Penitenciario y Correccional, incluyendo la gestión de centros penitenciarios y políticas de reinserción social.
– Encargarse de los registros y certificaciones de documentos oficiales y notariales, así como de la inscripción de organizaciones sin fines de lucro.
El Ministerio de Justicia se estructurará en seis viceministerios:
1. Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia.
2. Viceministerio de Representación Judicial y Extrajudicial.
3. Viceministerio de Derechos Humanos.
4. Viceministerio de Políticas Públicas contra la Criminalidad.
5. Viceministerio de Políticas Penitenciarias y Correccionales.
6. Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía.
La ley también crea el Consejo Nacional de Derechos Humanos, un órgano consultivo interinstitucional, y reorganiza la Oficina del Abogado General de la Administración Pública. El presupuesto aprobado para el año 2026 asciende a RD$4,175.7 millones, de los cuales RD$3,297.2 millones se destinarán a gastos corrientes y RD$878.4 millones a gastos de capital. Estos recursos se complementarán con ingresos por tasas de servicios y posibles cooperaciones internacionales.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**