La impensable realidad de ver a hombres buscando su propia captura para poder besar a sus hijos e hijas en Navidad constituye el testimonio más crudo de la precariedad fronteriza actual, evidenciando que, mientras el Estado no asuma su responsabilidad ética, la deportación seguirá siendo simplemente una pieza más en el tablero de una economía sumergida y deshumanizada.
Este fenómeno se manifiesta con especial fuerza en las comunidades que circundan el lago Enriquillo, donde los jornaleros que laboran tanto en la zona montañosa como en los predios de la zona baja se exponen voluntariamente a los operativos migratorios, debido a que el apresamiento se traduce, irónicamente, en un transporte seguro y gratuito hacia su patria.
Lo que para el discurso oficial representa un ejercicio de soberanía y control de fronteras, para el trabajador haitiano en Navidad y Año Nuevo es una oportunidad logística de reencuentro familiar, permitiendo que el sistema punitivo de expulsión sea subvertido y convertido en un servicio de traslado que les ahorra los peligros y costos de un viaje por cuenta propia.
El negocio del retorno voluntario
El operativo de La Camiona se convierte así en un negocio redondo para todas las partes involucradas, puesto que las autoridades logran cumplir con sus cuotas de deportación, mientras que los inmigrantes alcanzan su objetivo de llegar a Haití sin contratiempos, estableciendo una simbiosis perversa que florece precisamente durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.
Sin embargo, al margen de esta conveniencia temporal, se esconde una estructura de corrupción institucionalizada donde la legalidad es una mercancía que se negocia en puntos estratégicos como la fortaleza del Ejército Nacional, lugar en el cual se decide quién es expulsado y quién se queda, dependiendo exclusivamente de la capacidad económica del detenido o de su patrón.
Esta dinámica convierte a la frontera en una aduana humana donde el dinero depositado en los bolsillos de la cadena de mando define la suerte del jornalero, por lo que el sistema no busca realmente ordenar el flujo migratorio, sino administrar la rentabilidad de una ilegalidad que todos los actores conocen, pero que deciden ignorar convenientemente.
El retorno por las lomas
A pesar de la supuesta rigurosidad de la expulsión, el regreso de estos trabajadores está claramente marcado desde el momento en que cruzan la línea fronteriza, ya que, tras pasar las festividades con sus seres queridos, emprenden el retorno atravesando las lomas para reintegrarse a sus labores habituales en las provincias de Bahoruco e Independencia de forma silenciosa.
Este ciclo de salida bajo custodia y regreso por senderos montañosos demuestra que la deportación es solo un alivio logístico momentáneo para el trabajador.
El jornalero debe enfrentar luego el sacrificio físico de cruzar nuevamente la frontera para volver a los campos de cultivo, donde su mano de obra es necesaria, pero su presencia es constantemente criminalizada por las autoridades.
Resulta evidente que la porosa frontera dominicana funciona bajo leyes no escritas que permiten este flujo circular, dado que los mismos oficiales que ejecutan los apresamientos en diciembre son quienes permiten el reingreso paulatino de los jornaleros en enero, manteniendo inalterable la estructura de producción agrícola que sostiene la economía de las comunidades del Sur Profundo.
Una cadena de mando indiferente
La persistencia de este esquema de negocio redondo pone de relieve la hipocresía de una política migratoria que se nutre del sudor del inmigrante, pero le niega sus derechos más básicos.
Con esto se establece un orden social donde la figura del haitiano es utilizada como moneda de cambio para alimentar una maquinaria de extorsión que opera con total impunidad regional.
Al final del camino, el uso de La Camiona como transporte navideño es la prueba definitiva del colapso de la institucionalidad, debido a que el Estado termina subvencionando el viaje de quienes planean regresar en semanas, perdiendo así cualquier sentido de control real y transformando la ley en una farsa que se repite anualmente ante la mirada de todos.
Esta realidad obliga a cuestionar la verdadera intención de los operativos migratorios en la zona sur, por solo detenernos en una parte del país.
Si el objetivo fuera el control fronterizo, la autoridad estuviera advertida de que, en determinado período del año, la deportación se convierte en un incentivo para el viaje de reencuentro familiar, dejando al descubierto que la prioridad gubernamental es la apariencia de autoridad sobre la solución del conflicto.