Un tribunal federal bloqueó este miércoles la decisión de la Administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal, al concluir que la medida fue ilegal y tomada de antemano, sin cumplir los requisitos que exige la ley estadounidense.
En un fallo de 52 páginas, la jueza de distrito Trina L. Thompson determinó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó con un resultado ya definido.
“El Secretario tomó una decisión preestablecida de finalizar el TPS e influyó en el proceso de revisión de las condiciones para facilitar la terminación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal”, escribió la magistrada al conceder un juicio sumario a favor de los demandantes.
La corte también rechazó la petición del Gobierno para desestimar el caso y sostuvo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), que obliga a evaluar las condiciones de los países beneficiarios y a consultar con el Departamento de Estado antes de modificar el estatus.
Según la jueza, el proceso fue “distorsionado” para justificar la cancelación del programa.
Impacto
El fallo tiene un impacto directo en unas 60,000 personas que residen legalmente en Estados Unidos bajo el TPS, muchas de ellas desde la década de 1990. Sin esta protección, enfrentaban el riesgo inmediato de deportación y la separación de sus familias, además de pérdidas laborales y económicas derivadas del anuncio de cancelación.
La demanda fue presentada en julio por la Alianza Nacional del TPS y siete beneficiarios individuales, con el respaldo de organizaciones como la Red Nacional de Jornaleros, la ACLU del Norte y del Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la UCLA y la Alianza Puente Haitiana.
Los demandantes argumentaron que el Gobierno eliminó las protecciones sin una revisión cuidadosa de los hechos, como exige el Congreso.
Para las organizaciones legales, la decisión confirma que el proceso seguido por la Administración Trump fue contrario a la ley.
Desde la Alianza Nacional del TPS, su coordinador José Palma afirmó que la resolución “trae esperanza” a miles de familias que quedaron en situación de vulnerabilidad. “Una vez más, los tribunales han confirmado que el intento de cancelar el TPS fue ilegal”, señaló.
El fallo también tiene efectos prácticos inmediatos. Ahilan Arulanantham, codirector del centro legal de la UCLA, indicó que, tras la decisión, los empleadores están obligados a aceptar los permisos de trabajo de los beneficiarios del TPS y que sería ilegal que el Gobierno intente detenerlos o deportarlos.
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