El doctor Antonio Cruz Jiminián negó este lunes de forma categórica cualquier vínculo irregular entre su clínica y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La aclaración se produjo luego de que circularan versiones sobre un presunto beneficio económico relacionado con el denominado Caso SeNaSa.
El galeno explicó que la rueda de prensa prevista fue pospuesta por razones personales del equipo legal, ya que la madre del abogado responsable de resguardar la documentación falleció recientemente, lo que impidió entregar copias a los medios. La nueva fecha se reprogramará para los primeros días de enero.
Cruz Jiminián relató que la clínica mantiene un contrato con SeNaSa desde 2012, al igual que otros centros del país, aunque aseguró que lo hace bajo condiciones desfavorables. Afirmó que la institución ha sido subvalorada con tarifas reducidas, a pesar de contar con infraestructura médica avanzada.
Recordó que, en ese período, SeNaSa solicitó atender pacientes subsidiados bajo condiciones de pago limitadas, lo que generó una deuda considerable. Indicó que se acumularon cerca de 12,000 expedientes sin auditar, situación que calificó como insostenible para la operación del centro.
En 2019 se firmó un convenio mediante el cual recibirían RD$3.5 millones mensuales para atender a todos los afiliados a nivel nacional. El médico describió este acuerdo como un grave error, debido a que la cantidad de afiliados aumentó de un millón a más de cinco millones.
Solo en el área de emergencias, la clínica atendía más de 3,000 pacientes subsidiados al mes, lo que elevaba los costos operativos a más de RD$6 millones mensuales. Esa cifra no incluía hospitalizaciones ni tratamientos especializados, algunos de los cuales superaban el millón de pesos por caso.
Rechazó versiones que señalan que la clínica se benefició de la administración actual de SeNaSa, insistiendo en que no existieron acuerdos entre 2020 y 2025. “Nunca, nunca y nunca hicimos ningún tipo de acuerdo con esta administración”, reiteró.
El doctor también denunció que SeNaSa solo reconoce RD$300 por cada atención en emergencia, un monto que consideró insuficiente. Señaló que esa tarifa no cubre medicamentos, estudios diagnósticos, personal médico ni procedimientos menores.
Aseguró que, lejos de obtener beneficios, la clínica fue la que asumió el mayor sacrificio, ofreciendo servicios por debajo de los costos reales. Esa carga económica, sostuvo, derivó en una crisis financiera pública y notoria que aún afecta a la institución.
Ante este panorama, el equipo legal confirmó que la comparecencia ante los medios se realizará en enero, con la presentación de los documentos correspondientes. La clínica reiteró su disposición a responder con transparencia y apego a su historial de servicio.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**