El Consejo de Ministros, la reunión semanal del Gobierno español, aprobó este martes un real decreto para elaborar un inventario de trabajos forzados durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), incluyendo a víctimas y empresas beneficiarias.
El Gobierno liderado por Pedro Sánchez (Partido Socialista) ya anunció el pasado mes de septiembre que encargaría a la Universidad Pública de Navarra (norte) este inventario, previsto en la Ley de Memoria Democrática de 2022.
Ahora, el Ejecutivo español dio un paso más al aprobar una subvención directa a ese centro de 600.000 euros para ese cometido, por razones de “especialización, idoneidad técnica, eficiencia y garantía de resultados”, según informó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en una nota de prensa.
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Tres años para hacer el inventario
El objetivo es tener listo en un plazo máximo de tres años un inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de unidades penitenciarias y de concentración durante la dictadura impuesta en España por el general Francisco Franco a partir de la guerra civil (1939-1939) y mantenida hasta su muerte, en 1975.
Acabada la guerra, el dictador hizo uso de prisioneros republicanos, del bando vencido en la contienda fratricida, para construir infraestructuras como carreteras, presas, vías ferroviarias o edificios religiosos.
El Gobierno también encargó la identificación de las entidades y empresas que se beneficiaron del sistema de trabajo forzado durante la dictadura franquista, así como un listado con las personas que fueron víctimas de dicha explotación.
“Con este estudio científico se persigue documentar y contextualizar históricamente el funcionamiento de este sistema represivo y generar también una base de datos rigurosa que contribuya al reconocimiento y reparación moral de las víctimas, que sirva de apoyo a futuras políticas públicas y refuerce las garantías de no repetición”, señaló el Ministerio.