El año 2025 estuvo marcado en República Dominicana por tensiones sociales, desconfianza ciudadana hacia las instituciones y debates sobre el rumbo económico y social. Se incrementó el cuestionamiento a la narrativa oficial de éxito económico frente a una realidad percibida como más dura, costosa e insegura por la población, evidenciando una brecha entre los indicadores oficiales y las condiciones de vida.
A pesar de una proyección gubernamental de crecimiento del 5%, la economía solo crecerá menos del 3% en 2025, reflejando una clara desaceleración. Este crecimiento resultó insuficiente para responder a las necesidades sociales acumuladas y benefició, según análisis, principalmente a sectores limitados.
El dólar continuó su alza, superando la barrera de los 64.00 pesos, impactando las importaciones y, directamente, los precios de alimentos, medicamentos, transporte y servicios, lo que afectó el poder adquisitivo de miles de familias.
La deuda pública mantuvo su trayectoria ascendente. Analistas consideran que estos altos niveles de endeudamiento pueden limitar la capacidad del Estado para invertir en servicios sociales y afrontar choques externos, siendo motivo de preocupación por el volumen de recursos destinados a intereses y gastos corrientes.
El país experimentó el regreso de los apagones, el encarecimiento de los alimentos, el transporte y servicios básicos, y un aumento de la pobreza y la desigualdad. Esto elevó considerablemente el costo de la vida, donde los salarios, en el mejor de los casos, solo cubren necesidades básicas, afectando la capacidad de ahorro y consumo.
La inseguridad y la violencia también crecieron en 2025, con aumento en la preocupación por robos, asaltos y crímenes. El miedo en los barrios siguió siendo parte de la vida diaria, y la seguridad ciudadana se mantuvo como una de las principales demandas sociales.
En el ámbito judicial, persistió la combinación de judicialización de la política con intentos de impunidad, con una justicia percibida como lenta para los poderosos e implacable para los más vulnerables. La corrupción se hizo presente con nuevos casos vinculados al manejo de fondos públicos, obras y servicios esenciales.
Esto se coronó con el escandaloso caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), una institución destinada a proteger a millones de personas de bajos ingresos, adultos mayores y trabajadores, lo que ha sido calificado como una violación grave de los derechos ciudadanos.
Las tragedias también estuvieron presentes, con el colapso mortal del techo de la discoteca Jet Set en abril, donde murieron 231 personas, 189 fueron rescatadas con vida y 180 resultaron heridas. Este suceso impactó profundamente a la sociedad, generando conmoción y luto nacional.
En resumen, 2025 significó para los dominicanos incertidumbre, corrupción, encarecimiento de la vida, desconfianza institucional, inseguridad, tragedias y una desaceleración económica que, según diversas perspectivas, no logró traducirse en bienestar generalizado, mientras persisten la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
Fue un año de desgaste político para las fuerzas gobernantes, con un descontento poblacional visible, una sensación de injusticia persistente y una creciente demanda de cambios. El período dejó el desafío de que la estabilidad sin justicia social no genera legitimidad ni paz social. Se plantea la necesidad de que el Estado priorice la garantía de derechos para los más pobres.
El pueblo dominicano, que históricamente se ha levantado de las adversidades, eventualmente podrá superar los aspectos negativos de este 2025, abriendo camino a un estado más transparente con políticas económicas que prioricen a las mayorías, para avanzar hacia una recuperación sostenible, justa e inclusiva.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**