La Casa Blanca defendió este domingo la legalidad de la incursión de la Guardia Costera estadounidense en el petrolero ‘Centuries’ cerca de Venezuela, como parte de sus acciones para limitar el financiamiento del régimen de Nicolás Maduro. El operativo, que tuvo lugar el sábado, forma parte de los esfuerzos de Washington por reforzar el control sobre actividades marítimas consideradas ilícitas en la región, especialmente en lo relacionado con el comercio de crudo venezolano sancionado.
Según publicó en X la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, el petrolero transportaba petróleo de PDVSA —la estatal Petróleos de Venezuela, S.A.— bajo sanciones. Kelly calificó al buque de “falsa bandera” y aseguró que operaba como parte de la “flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista” de Nicolás Maduro. Estas declaraciones respondieron a informaciones difundidas por The New York Times y The Washington Post, que cuestionaban la legalidad de la intervención y apuntaban que el ‘Centuries’ pertenece a una compañía con sede en China, dedicada al traslado de petróleo desde Venezuela a refinerías chinas.
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De acuerdo con The New York Times, el ‘Centuries’ navega bajo bandera panameña, en contraste con el petrolero ‘Skipper’, abordado por EE.UU. el 10 de diciembre y que sí figuraba en la lista de sanciones de la OFAC. En ese caso, conforme indicaron las autoridades, el ‘Skipper’ navegaba con una falsa bandera de Guyana y las fuerzas estadounidenses contaban con una orden de registro para inspeccionar la embarcación.
Fuentes oficiales estadounidenses citadas por The Washington Post señalaron que el abordaje al ‘Centuries’ se amparó en el llamado “derecho de visita”, una norma marítima internacional que permite a un buque de guerra inspeccionar otro navío ante la sospecha de que participa en actividades ilícitas, aun sin una orden específica.
El régimen de Venezuela condenó la intervención calificándola de “robo” y “secuestro” de activos y denunció la “desaparición forzada” de la tripulación, según un comunicado oficial. Caracas describió la operación como un acto de “piratería” y acusó a EEUU de violar el Derecho Internacional, anunciando que presentará denuncias ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Funcionarios estadounidenses declararon a Reuters que el operativo continúa la estrategia de sanciones internacionales contra entidades y embarcaciones vinculadas al gobierno de Maduro. Las autoridades subrayaron la importancia de estas acciones para disuadir el transporte de cargamentos ilícitos y asegurar la seguridad marítima regional.
La campaña de EEUU ha incluido un refuerzo militar en el Caribe, ataques a embarcaciones acusadas de tráfico de drogas y amenazas directas hacia Venezuela. El pasado 12 de diciembre, el gobierno estadounidense reiteró su intención de incautar más buques para aumentar la presión sobre el régimen de Maduro. Desde entonces, el tráfico petrolero venezolano se ha visto afectado: una docena de buques permanecía a la espera sin atracar, mientras empleados portuarios reportaban ausencias por temor a nuevas adjudicaciones, según funcionarios consultados por The New York Times.
Para Venezuela, el petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos: las exportaciones de crudo han generado tradicionalmente más del 90% de las divisas del país. La presión sobre la industria obliga al gobierno a ofrecer el petróleo a precios reducidos a compradores como China y a utilizar reservas internacionales para estabilizar la economía.