Por Antonio José Gómez Peña
En los pasillos de las altas finanzas globales, donde suelo moverme como promotor de inversiones, existe una variable que pesa tanto como el PIB: la seguridad jurídica. Durante décadas, República Dominicana cargó con el lastre de la incertidumbre institucional, un «impuesto invisible» que frenaba nuestro verdadero potencial.
Sin embargo, hoy los mercados perciben un cambio de frecuencia. Lo que antes era retórica de campaña, bajo la administración del presidente Luis Abinader, se ha convertido en hechos tangibles, estableciendo así una nueva marca país: la ética como responsabilidad social.
La reciente desvinculación y sometimiento a investigación de funcionarios de la actual gestión, incluso aquellos ligados a los orígenes del proyecto político gobernante, evidencia una señal poderosa y disruptiva. No es solo un acto de justicia; se convierte en un mensaje contundente para los mercados y la inversión de capitales extranjeros.
Al presidente Abinader no le ha temblado el pulso. Su accionar valida en la práctica aquella sentencia que lanzó al inicio de su mandato ante su consejo de gobierno, y que muchos creyeron sería una frase más para la hemeroteca: «Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices».
Para entender la magnitud de este giro, es necesario mirar por el retrovisor con honestidad, sin pasiones partidarias. Durante los gobiernos anteriores, la corrupción administrativa era a menudo un secreto a voces. Sin embargo, la maquinaria estatal parecía diseñada para el blindaje, no para la rendición de cuentas. A pesar de las denuncias periodísticas y el clamor social, las detenciones o destituciones de altos jerarcas en pleno ejercicio del poder fueron, en el mejor de los casos, una anomalía estadística.
La diferencia hoy es estructural. La máxima de «el que la hace la paga» ha dejado de ser un eslogan para convertirse en riesgo real para quien se atreva a cruzar la línea. Ya no existen vacas sagradas. Se ha fortalecido la independencia del Ministerio Público y se ha roto el ciclo de impunidad, permitiendo que el peso de la ley caiga sobre los actores indelicados, sin importar su filiación política.
Es propio de la democracia que la oposición política critique; es su rol fiscalizador. Sin embargo, resulta paradójico criticar el «ruido» que generan los escándalos cuando, precisamente, ese ruido es la prueba de que el régimen de consecuencias está funcionando. Antes el silencio solapaba culpables; hoy el ruido los delata.
Criticar cada movimiento, incluso aquellos que representan un saneamiento institucional, puede ser una estrategia electoral, pero es una miopía de Estado. La persecución de la corrupción no debe verse como una debilidad del gobierno de turno, sino como una fortaleza de la nación.
Como empresario e inversionista, lo afirmo categóricamente: la honestidad es rentable. Un país donde el presidente declara que «quien roba tendrá que devolver lo robado» y actúa en consecuencia, se convierte automáticamente en un refugio de seguridad jurídica y atrae capital de calidad.
República Dominicana está construyendo un activo más valioso que sus playas: la confianza. Y en un mundo convulso, la confianza es la divisa más apreciada.
Sobre el autor: Antonio José Gómez Peña es ingeniero, empresario y experto en inversión extranjera. Actualmente se desempeña como Cónsul General de la República Dominicana en Barcelona.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**