El empresariado vuelve a salir con la suya. Incluso cuando el cuchillo cae sobre uno de los suyos, el tratamiento no es el mismo para todos. En el caso SENASA, a Santiago Hazim —cuya génesis es claramente empresarial, aunque hoy vista sombrero político— se le impusieron 18 meses de prisión preventiva. En contraste, a Read se le concedió prisión domiciliaria. Ambos casos giran en torno a corrupción, ambos involucran recursos públicos, y ninguno representa un peligro real de fuga. Sin embargo, el rasero fue distinto. Ahí es donde el discurso oficial empieza a hacer agua.
En la mayoría de los grandes procesos por corrupción que se han conocido en el país, la Fiscalía ha mostrado una tendencia reiterada a aplicar criterios de oportunidad, acuerdos y medidas que suavizan el golpe para determinados actores. El mensaje que se envía es claro: no todos los imputados pesan lo mismo ante la ley.
La corrupción no se va a acabar. No solo porque el ser humano tiende a buscar atajos, sino porque el sistema ha decidido convivir con ella de manera selectiva. Se construyen culpables funcionales y se protegen estructuras completas. Tan responsable es el que se deja corromper como el corruptor. Read no es ningún santo ni actuó obligado, por más que ahora se intente matizar su rol. Aquí no hay mártires, hay responsabilidades.
El día que empiecen a caer con regularidad los miembros del verdadero poder económico, ese día comenzará a reducirse la corrupción. Y el día que no solo caigan los jefes, sino también los técnicos, asesores, directores medios y operadores que hacen posible el entramado, entonces la lucha contra la corrupción dejará de ser un espectáculo. Hasta entonces, seguirá siendo una puesta en escena cuidadosamente diseñada.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**