“Cuidado con caminar por este barrio, ya no es tan seguro”. Esta fue la primera de muchas advertencias que vendrían después en una ciudad, Santiago de Chile, cuyos ciudadanos miran desde hace años con más cautela. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios en el país andino se ha triplicado en la última década. Un dato alarmante que, si se analiza en términos absolutos y, sobre todo, si se compara con su entorno, arroja una información diferente. Con 6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, Chile es uno de los lugares más seguros de todo el continente. Por debajo de la media de 20 homicidios en la que están los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, más del 87% de los chilenos tiene una percepción de inseguridad y sitúa esta problemática como su principal preocupación. Una paradoja que se ha convertido en la demanda más importante a la que debe responder el nuevo Gobierno que saldrá de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo.
Tanto para la izquierdista Janet Jara como para el derechista José Antonio Kast, este ha sido el punto central de la campaña electoral. En el cierre de campaña de Jara en la localidad de Puente Alto la candidata enfatizó que en sus 100 primeros días de gobierno harán 100 intervenciones barriales para acabar con la droga y las armas en las calles. Lo mismo ha ocurrido con Kast, que en una relación directa entre criminalidad e inmigración ilegal ha prometido que expulsará a más de 300.000 personas cuando tome posesión en marzo. De hecho, cada día hacía un nuevo recordatorio: “Tienen menos de 90 días para salir voluntariamente”.
La preocupación que tiene el ciudadano sobre la seguridad es clara, la pregunta ahora es si la situación es tan alarmante como sienten. Para Pilar Lizana, investigadora en seguridad y crimen organizado, directora ejecutiva de Volpe Consulting y con más de 10 años de experiencia en la Subsecretaría de Defensa de Chile, lo que ocurre “sí se puede definir como una crisis de seguridad real” porque muestra el estado de unas instituciones que estaban preparadas para una amenaza de seguridad muy distinta a la actual. “Nuestros números objetivos en materia de seguridad están bastante mejor que los de otros países de la región. El problema que se genera es que cuando nos comparamos con nosotros mismos el análisis siempre es más pesimista o crítico que el que viene del exterior. Sobre todo porque vemos que no se ha respondido a tiempo a esa nueva criminalidad que ha venido de fuera”, explica.
Cambio de criminalidad y la llegada del Tren de Aragua
El empeoramiento de las métricas de homicidios y crímenes violentos en Chile se explica en su mayoría desde una perspectiva geopolítica. La situación de países de la región como Venezuela, Colombia o Ecuador han provocado la llegada de grupos criminales transnacionales como el Tren de Aragua, aprovechando las rutas migratorias de los miles de inmigrantes que intentan llegar a países como Chile para encontrar una vida mejor. Los expertos en seguridad reconocen que la criminalidad ha cambiado a la vez que estos grupos se asentaban, y ahora se producen actos como ajustes de cuenta, narcotráfico, sicariatos, secuestros o desmembramientos.
Así lo reconoce Jorge Araya, director de Seguridad Pública en Chile entre los años 2009 y 2010 y académico de la Universidad de Santiago. “La sensación de inseguridad en Chile más que deberse a la cantidad se debe a que se están presenciando delitos que antes no existían”, explica. El país andino se caracterizaba por tener una delincuencia tradicional basada en delitos contra la propiedad y robo. Sobre la rapidez en la que organizaciones criminales extranjeras se han instalado en el país, afirma que la delincuencia reacciona con más velocidad que la burocracia de los Estados y vieron una oportunidad en Chile por el descuido que había en las fronteras. Araya apunta también a las condiciones de este país como un atractivo más para estos grupos: “Tenemos buenos puertos y una economía muy abierta, por lo que es fácil exportar productos. Además, es un lugar en el que hay un nivel de consumo de drogas importante”.
La sensación de inseguridad se debe a que se están presenciando delitos que antes no existían
Con todo, estas organizaciones coaccionan a personas en situaciones de vulnerabilidad para introducirlas poco a poco en redes criminales. “El Tren de Aragua se dedica a explotar a esos migrantes que buscan llegar a Chile y no tienen cómo hacerlo. Han ido poniendo sus checkpoints y cobrando estas especies de peaje que les llaman ‘vacunas’ para ir pasando de lugar en lugar y cruzando desde Venezuela hacia el sur. Se han especializado en el tráfico de migrantes y en la trata de personas para la explotación sexual”, expone Lizana. Según la investigadora, esta organización se ha instalado muy rápido desde Arica hasta Puerto Montt, lo que supone el 75% del territorio nacional. Lo han hecho “con muchísima violencia” en “asentamientos ilegales”, también llamados ‘campamentos’.
El impacto en la campaña electoral
Con esta realidad era inevitable que el discurso político no acabara girando en torno a la urgencia de cómo combatirlo. “Los liderazgos políticos la han hecho suya conocedores de que va a tener importancia este domingo”, dice Lizana, que añade que “se ha instalado en parte de la ciudadanía la solicitud de mano dura”. En este sentido, el discurso de hacer lo que sea necesario para conseguir seguridad tiene una mayor articulación en partidos de derecha y extrema derecha, como se ha visto en esta campaña con candidatos como Johannes Kaiser o el propio Kast.
Entre su propuesta para lo que considera una “situación de emergencia”, el candidato derechista plantea desde cárceles de máxima seguridad con aislamiento total a endurecer las penas para criminales, aumentar las competencias de fuerzas de seguridad, cerrar la frontera si fuera necesario o dar más tecnología para su control. Además de un mensaje de expulsión inmediata de cientos de miles de personas ilegales, hayan o no cometido crímenes en territorio chileno. Sobre esta cuestión se ha generado una amplia polémica, dado que no se ha aclarado a dónde los expulsará, ya que no ha dado nombre de países receptores de estas expulsiones. Estas lagunas del discurso han sido utilizadas en los debates públicos por la izquierda liderada por Jara, que a medida que avanzaba la campaña ha insistido cada vez más en la seguridad, consciente de la importancia que tendrán en las votaciones. La candidata oficialista ha prometido aumentar también el control fronterizo y el presupuesto en seguridad, aunque ha denunciado la expulsión masiva de inmigrantes y aboga por hacer una regularización acotada y condicionada.
Para Araya, aunque en esta campaña se ha producido de manera más notable, la seguridad es un tema que “lamentablemente se utiliza mucho políticamente”. “La gente siente miedo, y aunque pueda ser una percepción exagerada, lleva a buscar una solución rápida. Y es ahí donde el candidato o la candidata que ofrezca una propuesta más fuerte o efectista es el que termina ganando el apoyo”, sentencia.