Santiago Hazim y los demás implicados en el desfalco al Seguro Nacional de Salud (SENASA), cuyo monto supera los 15 mil millones de pesos, podrían enfrentar penas que van desde 10 hasta 20 años de prisión, además de multas de entre 200 y 400 salarios mínimos y el decomiso total de bienes ilícitos.
Estas sanciones corresponden a violaciones a los artículos 3.1, 3.2 y 3.3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, uno de los diez tipos penales incluidos en la acusación presentada en la denominada Operación Cobra.
El artículo 3 de la Ley 155-17 establece que las personas responsables de lavado de activos serán sancionadas con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, acompañada de multas de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos.
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También contempla el decomiso de todos los bienes ilícitos, así como la inhabilitación permanente para ocupar funciones en entidades financieras, organismos del mercado de valores o instituciones públicas.
Además de Hazim, los implicados en el caso SENASA son Gustavo Enrique Messina, Germán Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heiry Mariela Pinela.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) les atribuye delitos que incluyen prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y delitos de alta tecnología.
Las penas por estos delitos de apoyo son más moderadas y oscilan entre tres meses y dos años de prisión; sin embargo, el lavado de activos es el que concentra la mayor gravedad.
CARGOS ESPECÍFICOS CONTRA SANTIAGO HAZIM
En cuanto a Santiago Hazim, el expediente detalla que sus acciones violan el Artículo 146 de la Constitución, que proscribe la corrupción. También se le acusa de asociación de malhechores, de coalición de funcionarios y prevaricación, hechos tipificados en los artículos 123, 124, 166 y 167 del Código Penal.
El Ministerio Público sostiene que incurrió en estafa contra el Estado, desfalco, uso de documentos falsos y soborno, este último sustentado en la Ley 448-06 y en los artículos 177 y 178 del Código Penal. Asimismo, se le imputan violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como lavado de activos conforme a los artículos 2.11, 2.15, 3.1, 3.2, 3.3, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley 155-17.
Los imputados permanecen bajo investigación, mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial para definir las medidas de coerción y las responsabilidades penales correspondientes.