Un tribunal de Santiago impuso medidas de coerción, que incluyen garantía económica, controles periódicos y restricción de viaje, a tres empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci. Esta decisión reactiva el caso relacionado con la menor Stephora Joseph, quien falleció durante una excursión escolar.
Las medidas afectan a Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavares Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, todas vinculadas a funciones administrativas y académicas del centro educativo. Sin embargo, el juez excluyó del proceso a Gisela González, al entender que su rol directivo no guardaba vínculo directo con los hechos ocurridos durante la excursión.
El Ministerio Público y los representantes legales de la madre de la estudiante expresaron inconformidad con esta exclusión y anunciaron acciones para impugnarla. Los abogados de la familia anticiparon una querella ampliada, señalando presuntas fallas en el expediente inicial, la cual será conocida ante el juez coordinador del distrito judicial de Santiago.
El nuevo documento incluye a siete señalados: la Asociación Leonardo Da Vinci, su presidente Eduardo Rafael Estévez, el director académico Freddy Núñez, Hacienda Los Caballos, Pedro Pablo Muñoz, Víctor Manuel Muñoz y Domingo Blanco Muñoz. Estos últimos están vinculados al lugar donde se desarrolló la actividad recreativa.
Las defensas alegaron que existen trabas institucionales que obstaculizan las pesquisas, debido al alcance económico y comunitario del centro educativo.
El caso, que ha generado gran expectación, se originó durante una excursión habitual del colegio, realizada en una hacienda ubicada en la zona de Gurabo, Santiago. Stephora Anne-Mircie Joseph, de once años, participaba en la actividad cuando ocurrió un incidente acuático que la dejó sin signos vitales, según el expediente.
Durante la audiencia de coerción, la madre de la estudiante permaneció en sala, pero se retiró sin declarar, reflejando la carga emocional del proceso.
Los fiscales sostienen que las imputadas incumplieron protocolos de supervisión, elementos claves para establecer responsabilidades. Por su parte, las defensas aseguran que el personal actuó conforme a las directrices vigentes y que la investigación carece de evaluaciones técnicas sólidas.
El tribunal determinó que las tres colaboradoras enfrentarán el proceso en libertad condicionada, bajo monitoreo permanente y con restricciones de desplazamiento. No obstante, el Ministerio Público adelantó que solicitará revisar la resolución, argumentando que se requieren controles más amplios y un análisis detallado del contexto escolar.
Los abogados de la familia informaron que su escrito ampliado incorpora actuaciones administrativas y decisiones operativas consideradas influyentes en la cadena de hechos. El expediente contiene comunicaciones internas, reportes de personal y evaluaciones de seguridad del establecimiento recreativo, documentos que serán analizados en próximas audiencias.
Las partes reconocen que el avance del caso dependerá de peritajes técnicos para reconstruir la secuencia completa y precisar el nivel de supervisión ejercido. Mientras los querellantes piden incluir videos, horarios y testimonios verificados, las defensas exigen respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**