Abogados criminalistas, exreclusos y familiares de presos que fueron víctimas del uso excesivo de fuerza o que fallecieron bajo custodia del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles (LASD) dieron la bienvenida al uso de cámaras corporales para los agentes asignados a las cárceles.
“El uso de cámaras corporales es una buena noticia”, declaró el abogado Michael Carrillo. “El maltrato dentro de las cárceles del condado es sistémico”.
Hasta septiembre de 2025, se registraron 38 muertes bajo custodia en las cárceles del condado de Los Ángeles. En 2023 los fallecimientos contabilizados fueron 45.
Sin embargo, el fiscal general del estado, Rob Bonta, registró más de 205 muertes bajo custodia durante los cuatro años previos a la presentación de una demanda en septiembre de 2025, en la que se evidenció una tendencia al alza en las muertes evitables durante el mandato del sheriff Robert Luna, quien asumió el cargo en diciembre de 2022.
La demanda contra el Condado de Los Ángeles (Condado), el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) y los Servicios de Salud Correccional del Condado (CHS) indica que tuvo como fundamento las condiciones inconstitucionales e inhumanas en las cárceles.
De hecho, la fiscalía estatal comenzó una investigación para determinar si el LASD había incurrido en un patrón o práctica policial inconstitucional.
Entre otros problemas, la investigación reveló importantes violaciones constitucionales en curso en las cárceles del Condado de Los Ángeles, incluyendo un aumento significativo en las muertes bajo custodia, a pesar de la disminución de la población carcelaria; instalaciones penitenciarias inhabitables y superpobladas con plomería, saneamiento y control de temperatura inadecuados, lo que ha contribuido a múltiples muertes; y la falta de atención médica y de salud mental adecuada a las personas encarceladas.
En la demanda, el fiscal Bonta exigió reformas inmediatas.
Una reforma integral y rendición de cuentas
Robert Luna, jefe del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, anunció la implementación de cámaras corporales en ubicaciones clave: El Centro de Detención de Pitchess. la Cárcel Central de Hombres, el Centro Correccional Twin Towers, el Centro de Recepción de Reclusos, el Centro de Detención Regional Century y la sala de la cárcel del Centro Médico General del condado y todas las demás unidades de apoyo a la custodia.
El jefe del alguacil reiteró que la portación de cámaras corporales en los centros de detención es parte de su compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia, el cumplimiento normativo y la modernización de su departamento.
“Operamos el sistema penitenciario más grande del país, y este avance representa un paso significativo para garantizar un entorno de detención más seguro tanto para nuestro personal como para quienes están a nuestro cargo”, dijo.
Disminuyen los incidentes del uso de fuerza
Desde octubre, los agentes de la Cárcel Central de Hombres, el Centro Correccional Twin Towers, el Centro de Recepción de Reclusos y el Centro de Detención Regional Century comenzaron a usar cámaras corporales.
Luna indicó que, en la actualidad, cuenta con más de 1,000 personas capacitadas que utilizan activamente cámaras corporales, y está capacitando y desplegando entre 70 y 100 adicionales cada semana en los centros de detención.
Dio a conocer que el costo inicial único de este proyecto fue de aproximadamente $14 millones, con un costo anual continuo cada año fiscal de aproximadamente $26 millones.
El jefe del alguacil enfatizó que, en lo que va del año, el uso general de la fuerza con personas que se encuentran bajo custodia ha disminuido más del 22%, aun antes de implementar las cámaras corporales.
Agregó que cree que las cámaras corporales tendrán un efecto disuasorio adicional en el número de incidentes del uso de la fuerza.
En efecto, el número de casos del uso de la fuerza disminuyó de 102 en julio a 69 en octubre.
Siempre bajo la lupa
Con cinco años de servicio en el LASD, la oficial Danielle Montañez analizó el impacto de las cámaras corporales en su trabajo.
Dijo que, si bien las cámaras no necesariamente aumentan la seguridad en su trabajo, demuestran el buen trabajo del departamento y brindan evidencia contra las acusaciones.
“Siempre nos encontramos con acusaciones y cosas así, pero sabemos que en nuestro trabajo la cámara corporal, es una herramienta que ayuda a aclarar esas acusaciones”.
Su homólogo, Rolando Peñaloza, de 36 años y 10 en el servicio como agente del LASD en Twin Towers expresó que su trabajo siempre ha sido peligroso, aunque la cámara corporal no lo hace necesariamente más seguro.
“Hay muchos incidentes relacionados con la cámara corporal. Y hay que tener en cuenta que también tenemos cámaras normales. Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad. Siempre hemos estado bajo la lupa”.
Peñaloza indicó que, con las cámaras corporales, al menos podrán desmentir alegatos falsas del uso excesivo de fuerza por parte de reclusos cuando estaban ellos actuando con profesionalismo.
En particular, en el Centro Correccional Twin Towers, las cámaras corporales complementan las imágenes de CCTV, ofreciendo una perspectiva en primera persona que ayuda a demostrar la conducta profesional durante incidentes de uso de la fuerza.
Las cámaras son particularmente útiles para que agentes de la corporación del orden se defiendan de las acusaciones de los reos, ya que capturan detalles que las cámaras de CCTV a menudo pasan por alto, como el audio y los primeros planos.
Están mejorando
Por ello, el LASD respondió a la demanda del fiscal estatal Rob Bonta, insistiendo en que se han logrado avances en la mejora de las condiciones carcelarias y en el cumplimiento de los requisitos de cuatro acuerdos federales de conciliación vigentes relacionados con las cárceles.
“La denuncia presentada se basa en información obsoleta y carece de respaldo en cualquier patrón o práctica comprobada de conducta ilícita”, según el departamento. “Además, muchas de las disposiciones ya se han completado o se están abordando mediante las prácticas existentes del departamento o los acuerdos federales de conciliación vigentes”.
Dichas mejorías fueron avaladas ante La Opinión por parte de “Matthew”, un hombre que recientemente fue liberado del Centro de Detención Twin Towers.
“Estuve encerrados dos meses por posesión [de narcóticos] y me trataron con respeto”, dijo el ex–reo, mientras caminaba frente a la cárcel.
Con unas sandalias dentro de una bolsa de plástico y fumando un cigarrillo, “Matthew” fue recibido en la calle por parte de miembros de la organización Recovery Network Resource Corporation, de Pasadena, donde acudirá a un programa para liberarse de su adicción a las sustancias.
“Han mejorado notablemente. Sí, están haciéndolo mucho mejor”, añadió Matthew. “Creo que están preocupados por tener que usar las cámaras. Parece también que les han dado más entrenamiento. Sí. Les han enseñado mejores modales y más cortesía”.
Atención médica ineficiente
Entre los patrones de violaciones a los derechos de los internos en la cárcel central para hombres del condado de Los Ángeles, se encuentra la trágica historia de Juan Manuel Correa.
Juan Manuel sufrió de esquizofrenia desde los 16 años, hasta los 31 cuando murió el 26 de septiembre de 2017, mientras estaba encarcelado.
“Mi hijo fue golpeado y rociado con gas pimienta y no recibió atención médica adecuada”, aseguró el señor Juan Correa, padre del occiso.
La familia entabló una demanda criminal y civil contra el Departamento del Alguacil y obtuvo una compensación de $1.5 millones.
La fiscalía del distrito del condado de Los Ángeles, entonces bajo el mandato de Jackie Lacey, determinó el 11 de julio de 2019 que los agentes Jonathan Lares, Alexandra Trull y Che Parker emplearon fuerza razonable para someter a Juan Manuel Correa y no fueron criminalmente responsables de su muerte.
Sin embargo, el abogado Michael Carrillo y los demandantes usaron un video de vigilancia como evidencia en el que se observaba a los agentes usando gas pimienta para terminar una pelea en el interior de una celda.
El video mostró después a Juan Correa teniendo dificultad para respirar. En un momento colapsa, cae el piso y lo llevan para descontaminarlo en una ducha, donde volvió a caer y falleció.
“Aun estando allí los servicios médicos no lo entendieron”, declaró el señor Juan Correa, padre del occiso. “Él estaba encarcelado no porque hubiera cometido un crimen, sino porque estaba enfermo mentalmente”.
El señor Correa indicó que, cuando se reunieron con los abogados y los paramédicos, uno de ellos le dijo a su esposa que lo sentía mucho, que los agentes del sheriff no le permitieron intervenir para salvar la vida de su hijo.