El Departamento de Justicia fracasó en nuevo intento de acusar a Letitia James

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos fracasó nuevamente en su intento de obtener una acusación formal contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las principales adversarias políticas del presidente Donald Trump.

Según informó NBC News, un gran jurado en Virginia rechazó este jueves presentar cargos, menos de dos semanas después de que un juez anulara el caso original por irregularidades en el nombramiento de la fiscal que llevó la acusación.

La decisión supone un importante revés para el gobierno, que había insistido en reactivar el proceso contra James pese a que el expediente inicial, que incluía cargos por fraude bancario y declaraciones falsas relacionadas con la compra de una vivienda en 2020, fue descartado el 24 de noviembre.

La anulación, tal como recordó The Associated Press, ocurrió después de que el juez federal Cameron McGowan Currie determinara que Lindsey Halligan, abogada cercana a Trump y nombrada fiscal federal sin la autorización legal correspondiente, no tenía autoridad para presentar el caso.

Letitia James rechaza las acusaciones y denuncia persecución política

Tras conocerse que el gran jurado volvió a negarse a formular cargos, Letitia James reiteró que las acusaciones carecen de fundamento. En una declaración difundida el jueves, citada por NBC News, afirmó: “Como he dicho desde el principio, los cargos en mi contra son infundados. Es hora de que cese este uso descontrolado de nuestro sistema judicial”.

Añadió que seguirá enfocada en su labor como principal autoridad legal del estado: “Agradezco a los miembros del gran jurado. Seguiré haciendo mi trabajo defendiendo el estado de derecho y a los neoyorquinos”.

Su abogado, Abbe Lowell, dijo a AP que insistir en un tercer intento sería “un ataque impactante al estado de derecho”.

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El controversial nombramiento de Lindsey Halligan

Los reportes de NBC News y The Associated Press coinciden en que la acusación contra James se produjo en un contexto de presiones directas del presidente Trump.

El caso fue impulsado inicialmente por Lindsey Halligan, exabogada personal del mandatario, quien asumió como fiscal federal interina para el Distrito Este de Virginia un día después de que el gobierno forzara la salida de su predecesor Erik Siebert, quien se había negado a presentar cargos contra James y el exdirector del FBI James Comey.

Trump presionó incluso desde redes sociales, desde donde instó a la fiscal general federal Pam Bondi a actuar contra sus adversarios políticos, entre ellos James, Comey y el congresista demócrata Adam Schiff. Advirtió también que la inacción “mataba la reputación y credibilidad” del gobierno.

Currie, el juez que invalidó el caso, cuestionó el mecanismo usado por la administración para instalar a Halligan en un cargo de alta sensibilidad dentro del Departamento de Justicia. Aunque el gobierno alegó que Bondi también le otorgó un rol de “fiscal especial”, el juez concluyó que esa designación retroactiva no podía subsanar las fallas legales del nombramiento.

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