WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este viernes revisar la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, que establece que los hijos de padres que están en el país ilegal o temporalmente no son ciudadanos estadounidenses.
Los magistrados escucharán la apelación de Trump contra una decisión de un tribunal inferior que anuló las restricciones de ciudadanía, las cuales no han entrado en vigor en ningún estado del país. El caso se argumentará durante la primavera y se espera un fallo definitivo para principios del verano.
La orden de ciudadanía por nacimiento, firmada por Trump el 20 de enero —primer día de su segundo mandato—, forma parte de la amplia ofensiva migratoria de su administración republicana. Otras acciones incluyen operativos de aplicación de la ley de inmigración en varias ciudades y la primera invocación en tiempos de paz de la Ley de Extranjeros Enemigos del siglo XVIII.
La administración enfrenta múltiples desafíos judiciales, y el alto tribunal ha emitido señales mixtas en órdenes de emergencia. Los magistrados detuvieron efectivamente el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar rápidamente a presuntos pandilleros venezolanos sin audiencias judiciales, pero permitieron la reanudación de detenciones migratorias generalizadas en el área de Los Ángeles, tras ser bloqueada inicialmente por prácticas basadas en raza, idioma, trabajo o ubicación.
Además, los jueces evalúan la apelación de emergencia para desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago con fines de control migratorio, medida que un tribunal inferior ha impedido indefinidamente.
La ciudadanía por nacimiento es la primera política migratoria de Trump que llega a la Corte para una decisión final. Su orden desafía más de 125 años de interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que otorga ciudadanía a todos los nacidos en suelo estadounidense, con excepciones limitadas para hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas de ocupación.
Los tribunales inferiores han anulado la orden ejecutiva por considerarla inconstitucional, incluso después de que la Corte Suprema limitara en junio el uso de medidas cautelares de alcance nacional. Sin embargo, el alto tribunal no descartó otras órdenes con efectos nacionales, como las demandas colectivas o las presentadas por estados.
Cada tribunal que ha examinado el caso ha concluido que la orden de Trump viola o probablemente viola la Decimocuarta Enmienda, diseñada originalmente para garantizar la ciudadanía a las personas negras, incluidos los antiguos esclavos. La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente en ciudadano estadounidense a cualquier persona nacida en el país, incluidos hijos de madres en situación irregular.
El caso bajo revisión proviene de New Hampshire, donde un juez federal bloqueó en julio la orden en una demanda colectiva que incluye a todos los niños afectados. La administración también solicitó revisar un fallo del Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco, que determinó que un grupo de estados liderados por demócratas necesitaba una medida cautelar nacional para evitar inconsistencia en la aplicación de la ley entre estados. La Corte no actuó sobre ese caso.
El gobierno argumenta que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por tanto, no tienen derecho a la ciudadanía. “La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda se adoptó para otorgar ciudadanía a los esclavos recién liberados y sus hijos —no a los hijos de extranjeros en situación irregular o temporal”, escribió D. John Sauer, abogado principal de la administración ante la Corte.
Veinticuatro estados liderados por republicanos y 27 legisladores del mismo partido, incluidos los senadores Ted Cruz (Texas) y Lindsey Graham (Carolina del Sur), respaldan a la administración.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**