Las declaraciones del diputado Eugenio Cedeño no fueron precisamente un chiste. Tampoco fue el primero en encender alarmas: días atrás, otro legislador pidió que no se avanzara a la carrera en la reforma del Código Procesal Penal, recordando que ya ha ocurrido que se aprueben leyes “al vapor”, para luego descubrir los errores, lagunas y contradicciones que contenían.
Cedeño fue más lejos. En un ejercicio de honestidad poco común en la política dominicana, describió la Cámara de Diputados como un escenario de comedia y tragedia. Aseguró que muchos de sus colegas no comprenden su rol y, peor aún, que fuerzas externas imponen criterios y que, como “190 manganzones”, todos se pliegan a intereses espurios.
Y tiene razón en un punto esencial: otorgarle a la Fiscalía la facultad de mantener de manera indefinida —per saecula saeculorum— a cualquier imputado en un proceso judicial ya de por sí lento e injusto, profundiza los vicios de un sistema que suele castigar más por desgaste que por condena. En esta ocasión, el poder no puede ser omnímodo.
Pero lo más grave no es la reforma en sí. Lo verdaderamente perturbador es que un diputado oficialista, en un Congreso de mayoría oficialista, admita públicamente que “les bajan raya”, que fuerzas externas dictan la agenda, que muchos legisladores carecen de la capacidad mínima para la responsabilidad que ostentan y que existe (en este caso) una misteriosa “supra diputada”, cuya influencia —aunque no mencionada por nombre— todos parecen intuir.
El primer poder del Estado, el que debería ser contrapeso del Ejecutivo y garante de la institucionalidad, confiesa su propia vulnerabilidad: presiones que pesan más que la Constitución, obediencias automáticas, desconocimiento del rol y una peligrosa disposición a legislar sin rigor.
Entonces, como país, nos queda la pregunta incómoda: ¿Estamos frente a una comedia política que provoca risa… o ante una tragedia institucional que debería arrancarnos lágrimas?
Porque si el Congreso admite que no manda, que no sabe, que no puede y que obedece, entonces lo que está en juego no es solo una ley: es la salud de la democracia dominicana.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**