Por Raúl Germán Bautista.- El ingeniero Elino Cortés, propietario de la empresa CCC SRL, denunció que ejecutó obras para la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) entre 2010 y 2015, lo que generó una deuda millonaria que, según afirma, llevó a la compañía a la quiebra y afectó gravemente su salud.
Indicó que el retraso se extendió durante 15 años y ascendía a RD$53 millones: RD$32,565,948.08 correspondientes a contratos formales y RD$21,000,415.58 por obras realizadas sin contratos complementarios.
El contratista explicó que, gracias al trabajo de sus abogados, Erick Morrobel y Luis Ricardo, el Estado reconoció mediante sentencia los RD$32,565,948.08 asociados a los contratos formales, suma que fue pagada en 2025.
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“Después de quince años, es la primera vez que el Estado cumple una parte de su obligación”, declaró Ricardo.
“El pago incluyó un interés compensatorio de apenas 1.5% y solo desde 2021. Según certificación del Banco Central, la actualización por inflación debió elevar el monto original a RD$55,160,202.86, pero eso no fue reconocido. Tampoco se compensaron daños y perjuicios pese al retraso extremo”, explicó.
Cortés detalló que CCC SRL construyó puentes, alcantarillas, canalizaciones y muros de contención en la provincia Elías Piña, todas obras “cubicadas, certificadas y recibidas”, según exfuncionarios de la OISOE.
Sin embargo, los RD$21,000,415.58 por trabajos ejecutados y certificados continúan pendientes.
“Esta parte del expediente refleja la falla administrativa más grave, comunicaron los abogados, pues son obras avaladas por informes técnicos oficiales y aun así excluidas de toda estructura contractual”, describieron.
Más allá del plano administrativo, Cortés asegura que la deuda destruyó la estabilidad financiera de CCC SRL, provocando el colapso de la empresa y la pérdida de su patrimonio familiar. En medio de esa situación, recibió un diagnóstico de cáncer.
El entorno médico del contratista informó que la incertidumbre económica, el estrés crónico y la imposibilidad de costear controles hematológicos regulares contribuyeron al deterioro de su salud, lo que —afirman— evidencia que “lo que empezó como una omisión administrativa terminó siendo un golpe humano de enormes dimensiones”.
Los abogados Morrobel y Ricardo concluyeron advirtiendo que este no es un caso aislado, ya que, en múltiples ocasiones, el Estado inaugura obras en actos públicos mientras los contratistas continúan financiándolas con recursos propios.