Santo Domingo.- Se aviva el debate entre el Poder Ejecutivo y diferentes sectores de la sociedad por el permiso otorgado a Estados Unidos para establecer y operar naves militares en varios aeropuertos dominicanos.
El eje central de las discusiones se basa en si la soberanía nacional se ve perjudicada o no con la presencia en República Dominicana de fuerzas militares estadounidenses, presuntamente, para combatir el narcotráfico en el Caribe.
La base del acuerdo, según el presidente Abinader, se enmarca dentro de los marcos legales vigentes en el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea de 1995 y su Protocolo de Enmienda de 2003.
El mismo, no es una novedad, ya que se había aplicado con anterioridad durante otras gestiones de gobierno.
A pesar de que el permiso otorgado a los norteamericanos se sustenta en un contrato que data de hace décadas, el instrumento jurídico obvia los alcances del artículo 3 de la Constitución dominicana, sobre la inviolabilidad de la soberanía y el principio de no intervención.
Hay quienes, incluso, tachan la decisión como un acto de servilismo por parte del Gobierno. Tomando en cuenta el contexto internacional actual, quienes se oponen a la decisión, consideran peligroso para la nación involucrarse entre los conflictos del país norteamericano con otras naciones de la región.
De acuerdo al presidente de la República los mandos militares norteamericanos operarán en el territorio nacional hasta abril del año 2026.