En los últimos meses, tres reportajes revelaron fallas graves en igual número de proyectos residenciales pertenecientes al Plan Nacional de Viviendas “Familia Feliz”, tras recibir numerosas denuncias de adquirientes por vicios de construcción, falta de servicios básicos y otros incumplimientos. Para tratar de identificar el origen del problema y la frecuencia de estos reclamos, entrevistamos al viceministro de Políticas y Planificación del Ministerio de Viviendas y Edificaciones (Mived), Ernesto Mejía.
Durante la investigación, los testimonios de los beneficiarios coincidieron en una misma sensación: frustración y miedo. “No es familia feliz, es familia infeliz y estamos muy inconformes”, dijo una propietaria. “Se nos vendió esto como un paraíso”, agregó otra. “Muchos de los que vivimos aquí estamos asustados”, expresó un tercer residente.
Las denuncias surgieron mientras examinábamos tres de los principales proyectos del Gobierno para reducir el déficit habitacional mediante 45 desarrollos construidos bajo alianzas público-privadas y subsidios estatales. Los adquirientes siempre confiaron en que recibirían los apartamentos tal como se promocionaron en brochures: áreas comunes, canchas, parqueos, áreas ecológicas, supermercados y escuelas. Sin embargo, un año y ocho meses después, la mayoría no tiene esas facilidades. Ni siquiera cuentan con lo más básico: agua. A esto se suman fallas estructurales.
“Si yo lavo en mi baño, el agua cae al primer piso. Estoy en el segundo, y cae abajo. Las grietas están de lado a lado. Y tenemos un miedo constante”, relató un beneficiario.
Lo que ocurre en Don Antonio, El Trapiche y Hato Nuevo se repite: filtraciones, grietas, daños visibles y servicios inestables desde las primeras semanas. Tres proyectos distintos con un mismo patrón de deterioro y promesas incumplidas. En El Trapiche, una residente describió olores pestilentes, roturas constantes de tuberías y un ambiente muy lejos del que le aseguraron al momento de la compra.
Ante el creciente número de denuncias recibidas, solicitamos una entrevista al Ministerio de Viviendas. La institución atribuyó el problema a una situación que afecta a todo el sector construcción, pero surgió la pregunta inevitable: si el Estado entrega, anuncia y promueve estos proyectos, ¿es el Mived responsable del resultado final?
El viceministro Ernesto Mejía aseguró que no. “Legalmente, como ministerio, no estamos como reguladores posteriores de una vivienda que se entrega por un constructor privado a un adquirente”, dijo. Esta afirmación revela un vacío crítico: el Estado certifica los proyectos para integrarlos al programa, pero sostiene que no supervisa la construcción, no regula las fallas y no puede sancionar a las constructoras. En la práctica, los adquirientes quedan en un limbo sin un responsable claro.
El Ministerio además señaló que los afectados deben acudir a Pro Consumidor. Sin embargo, cuando la constructora prometió corregir las fallas en un plazo de tres meses, y luego de vencido ese periodo las quejas permanecían, el propio Mived afirmó estar interviniendo “de buena fe” para que las empresas constructoras realicen las reparaciones necesarias.
Entre esas acciones, según el Mived, está un “plan de acción rápida” que acompaña los procesos de corrección. Pero lo que también ocurrió fue la elaboración de una carta que, según varios residentes de Don Antonio, habría sido enviada desde el Ministerio para que los adquirientes la firmaran como comunicación dirigida a la constructora, “agradeciendo” por supuestas mejoras realizadas. El documento destacaba avances en áreas comunes e intervenciones técnicas que, según denunciaron los propietarios, no correspondían con la realidad.
La junta de residentes se negó a firmarla. Al ser cuestionado, el Mived aseguró desconocer la procedencia de la misiva. “No veo dónde entra el Mived en esto. No nos interesa que la constructora salga bien parada; es responsabilidad de la constructora”, respondió Mejía.
Aunque el Ministerio insiste en que no tiene responsabilidad legal, asegura que desde ahora habrá controles con la puesta en marcha de una nueva iniciativa temporalmente denominada “Mi Vivienda 2”, que sustituirá a Familia Feliz. “Hemos puesto unos candados para que esa situación no vuelva a ocurrir. Aquí no va a poder entrar cualquier improvisado de la construcción”, afirmó.
Pero ese candado llega tarde: llega cuando miles de familias ya fueron afectadas, cuando las grietas están abiertas, cuando las filtraciones corren por las paredes y cuando la inversión que debía garantizar una vivienda digna se ha convertido en una pesadilla. Mientras las autoridades sostienen que no tienen jurisdicción y las constructoras avanzan lentamente en reparaciones básicas, una carta intenta maquillar problemas que siguen allí. El resultado es un limbo institucional donde las familias continúan viviendo entre fallas estructurales, incertidumbre y promesas incumplidas.
Lo que debía ser el inicio de una vida estable se ha transformado en miedo, endeudamiento y profunda frustración.