El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de La Vega impuso como medida de coerción la presentación periódica y ordenó terapia conductual a Juan José De Campos Brea, de 45 años, quien fue captado en un video amenazando a una familia con un arma de fuego durante una disputa por un parqueo.
De Campos Brea es dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Vega y profesional del derecho, según confirmaron las autoridades locales. El imputado enfrenta cargos por infringir el artículo 307 del Código Penal, en perjuicio de las víctimas cuya identidad se mantiene bajo reserva para proteger su integridad.
El incidente ocurrió en la calle Profesor Juan Bosch, cerca de un centro comercial de La Vega. En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa al imputado apuntando con el arma hacia las personas mientras les advertía que ‘les va a volar la cabeza’, lo que generó alarma en la comunidad.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, calificó la decisión del tribunal como ‘desacertada’ y anunció que apelará la medida tan pronto reciban el dispositivo de la resolución, buscando una acción más proporcional al riesgo que representa la conducta del acusado.
García señaló que el comportamiento exhibido por De Campos Brea es ‘inaceptable’ y constituye un riesgo evidente para la seguridad pública, subrayando que la intimidación con un arma de fuego no puede ser tolerada en la comunidad.
El tribunal optó por medidas de control menos severas, priorizando la presentación periódica y la terapia conductual como mecanismos para supervisar al imputado y prevenir incidentes futuros.
Las autoridades locales mantienen vigilancia sobre el caso mientras avanzan los procedimientos legales, y recordaron que la apelación de la fiscalía podría modificar las medidas impuestas si se considera necesario para garantizar la seguridad de las víctimas.
Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la exposición de la comunidad a situaciones de riesgo y esperan que las autoridades tomen acciones efectivas para prevenir la repetición de hechos similares.
El caso ha generado un debate sobre la respuesta judicial frente a conductas de intimidación con armas de fuego y la necesidad de medidas que protejan a la población, especialmente en espacios públicos cercanos a comercios y residencias.
Se espera que la apelación presentada por la fiscalía determine ajustes en la medida de coerción y refuerce los protocolos de seguridad mientras continúa el proceso legal en La Vega.
REDACCIÓN FV MEDIOS