SANTO DOMINGO.- La sociedad comercial GB Group, S.A.S. presentó una segunda querella con constitución en actor civil contra Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido como “El Detective”, acusándolo de reiterar conductas de difamación e injuria durante un proceso judicial en curso.
La acción penal surge luego de que Martínez aprovechara el reciente apagón del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) para difundir videos en plataformas digitales. En dichos videos afirmaba que “el apagón fue producto de una operación del haitiano Gilbert Bigio”, señalándolo de sabotaje y actos contra la seguridad nacional sin presentar evidencia alguna que sustente tales señalamientos.
La segunda querella califica la conducta de Martínez como un acto de temeridad manifiesta y mala fe procesal, subrayando que su comportamiento pone en riesgo la integridad del proceso judicial y la reputación de los querellantes.
Según el documento presentado, el imputado asistió a vistas de conciliación los días 16 de octubre y 6 de noviembre, simulando interés en llegar a un acuerdo, pero aprovechó ese tiempo para intensificar su campaña de descrédito contra los querellantes, afirmando falsamente que buscaban su afectación física.
“Quieren mi cuerpo o en una cárcel o sin aliento”, señaló Martínez, agregando que tendrían que sacarlo del país en “pedacitos”.
La reiteración de estas conductas agrava la situación procesal de Martínez y aumenta la probabilidad de que el Ministerio Público solicite medidas de coerción, incluida la prisión preventiva, para frenar la continuidad de los hechos denunciados.
De aprobarse esta medida, el imputado podría pasar las festividades navideñas bajo detención, reforzando la gravedad de su comportamiento ante las autoridades judiciales.
La temeridad de Martínez no es nueva. Su anterior representante legal, el abogado Carlos Mesa, renunció a su defensa debido a la imposibilidad de controlar las declaraciones públicas del imputado, quien insiste en litigar mediáticamente lo que no puede demostrar en tribunales.
Martínez continúa desafiando el marco jurídico dominicano, utilizando redes sociales como YouTube y Facebook para proferir insultos y declaraciones que atentan contra la seguridad jurídica y la confianza en la inversión extranjera.
La nueva querella se fundamenta en la infracción de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre delitos informáticos, permitiendo a las autoridades judiciales imponer medidas más estrictas ante la reiteración de la conducta del imputado.
La reiteración de estas acciones coloca a Martínez al borde de una privación de libertad inminente, alertando sobre las consecuencias legales de persistir en la comisión de actos que afectan la reputación y seguridad de terceros.
REDACCIÓN FV MEDIOS