La sanción aplicada a una médica de San Juan de Colón generó impacto al conocerse que recibió treinta años de prisión por un mensaje político difundido durante la reciente contienda electoral. Marggie Xiomara Orozco Tapias, profesional de sesenta y cinco años, fue señalada por conductas asociadas a la pérdida de una persona, retención y vulneración física, aunque no realizó tales hechos.
La situación comenzó cuando, en plena campaña presidencial, la doctora compartió un audio instando al voto contrario al Ejecutivo, atribuyéndole responsabilidad en las dificultades económicas nacionales. Ocho días después de los comicios, funcionarios acudieron a su vivienda y la trasladaron asegurando únicamente una entrevista informativa nocturna.
Su familia indicó que pasó tres días sin comunicación alguna, generando preocupación por desconocerse su paradero después del abordaje nocturno descrito por su hijo Paul Ruiz. Según el relato, la grabación llegó a simpatizantes gubernamentales que la presentaron ante la Fiscalía, advirtiéndole sobre la pérdida potencial de beneficios alimentarios y servicios subsidiados esenciales.
El caso se sumó a otros procedimientos contra ciudadanos que expresaron opiniones políticas mediante plataformas digitales. El hijo afirmó que la jueza Luz Dary Moreno consideró el mensaje un riesgo nacional, señalando que llamados similares supuestamente favorecían intereses externos contrarios al país.
“Ella pidió votar diferente y abandonar actitudes complacientes con autoridades mientras muchos jóvenes migraban y la nación enfrentaba deterioro evidente”, expresó Ruiz. El joven sostuvo que el mensaje tenía tono enérgico, aunque negó cualquier intención perjudicial.
Durante su detención, Orozco enfrentó complicación cardíaca, aunque ello no modificó la decisión de mantenerla bajo resguardo institucional. La jueza rechazó medidas menos estrictas al considerar posible influencia sobre testigos.
La sentencia se conoció semanas después de advertencias oficiales sobre personas que alentaran intervenciones externas. Ruiz comentó que abogados presentes narraron que la jueza argumentó comprensión hacia ciudadanos y autoridades, enfatizando la necesidad institucional de preservar estabilidad nacional.
Paralelamente, naves de despliegue estadounidenses aparecieron en aguas caribeñas para operaciones contra sustancias ilícitas, situación interpretada desde Caracas como presión orientada a modificaciones internas. Aunque la Fiscalía confirmó la existencia del fallo, evitó ofrecer comentarios adicionales.
El proceso de Orozco continúa siendo símbolo de debate público por sus implicaciones sobre la expresión ciudadana en momentos especialmente sensibles para muchas comunidades venezolanas. La comunidad permanece atenta al desarrollo, evaluando significados institucionales del dictamen mientras familiares solicitan comprensión ante una situación considerada profundamente dolorosa.
REDACCIÓN FV MEDIOS