MONTE PLATA.- La Oficina de Abogados del Dr. Ángel Contreras interpuso una demanda por daños y perjuicios de RD$20 millones contra el Ayuntamiento Municipal de Monte Plata y José Manuel Mateo Contreras. La acción legal, presentada en representación de Aurelio Winston Contreras Jorge, busca la nulidad de un contrato de arrendamiento que, alega el demandante, fue suscrito sobre parte de su propiedad privada sin su autorización.
El conflicto jurídico se origina en un contrato de arrendamiento firmado el 25 de septiembre de 2025, mediante el cual el Ayuntamiento cedió 46.07 tareas a Mateo Contreras. Contreras Jorge sostiene que dicho terreno forma parte de su propiedad, respaldada por el Certificado de Título matrícula No. 3000717200, emitido por el Registro de Títulos de Monte Plata.
Los antecedentes del caso se remontan a marzo de 2025, cuando el Ayuntamiento recibió una solicitud de arrendamiento verbal del co-demandado. La representación legal de Contreras Jorge afirma haber rechazado formalmente dicha solicitud mediante acto de alguacil y durante una sesión del Consejo de Regidores en mayo de 2025. Pese a esta oposición, el proceso continuó con visitas de inspección que ya han generado un proceso penal por presunta violación de propiedad.
La demanda de nulidad se sustenta en tres irregularidades fundamentales del contrato: falta de objeto cierto por área no definida con precisión, falta de calidad del arrendador al no ser propietario del inmueble, e inexistencia de causa lícita. El demandante destaca que ha mantenido posesión continua del terreno durante 27 años.
Adicionalmente, la oficina legal anunció que iniciará una demanda personal contra Wandy Fabián, presidente de la Sala Capitular, y Héctor Luis Mejía, Vicepresidente, por su participación en las decisiones que condujeron a la firma del contrato.
Ante el tribunal, Contreras Jorge solicita la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento y el pago de RD$20,000,000.00 por daños morales y materiales, además de costas y honorarios legales.
La representación legal concluye que esta acción judicial busca resarcir los perjuicios de su cliente y proteger la propiedad privada y la seguridad jurídica, derechos garantizados por la Constitución Dominicana, la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y el Código Civil.
REDACCIÓN FV MEDIOS