La ciudadana venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi fue retenida en Medellín, Colombia, como parte de la Operación Guepardo, una investigación sobre un presunto esquema inmobiliario que afectó a numerosas familias interesadas en proyectos habitacionales.
Las autoridades informaron que este caso representa un avance significativo en el proceso investigativo, dada la importancia de su participación señalada en el expediente, que detalla una estructura asociada con acuerdos no verificados que generaron expectativas entre los compradores.
Según las autoridades dominicanas, Belfon Arismendi es la quinta mujer retenida por sus posibles vínculos con la red que habría gestionado propuestas inmobiliarias no verificadas para 122 compradores en desarrollos promocionados en La Romana y La Altagracia.
El expediente judicial señala que esta operación habría movilizado más de 18 millones de dólares mediante estrategias diseñadas para generar confianza y captar fondos sin la debida autorización formal, lo que motivó a las autoridades a profundizar las pesquisas.
El proceso judicial involucra a nueve personas, incluyendo al abogado Javier Ulloa Bueno y al ciudadano canadiense Yves Alexandre Giroux, identificados como los únicos hombres dentro del expediente. La acusación posiciona a Belfon Arismendi y a la dominicana Loany Lismeiry Ortiz Nova como figuras centrales de la operación, ambas con roles vinculados a la coordinación de movimientos financieros y supervisión de acciones estratégicas.
Ortiz Nova, también retenida en Colombia a inicios de febrero, mantiene avanzado su proceso de extradición. Su nombre figura como administradora de la cuenta principal de Novasco Real Estate SRL, entidad donde los interesados realizaron depósitos confiando en propuestas inmobiliarias que finalmente no se concretaron.
El procurador fiscal de Antilavado, Claudio Cordero, destacó la efectiva cooperación entre el Ministerio Público, el Dilaft de la Policía Nacional y la OCN-Interpol Santo Domingo, coordinación que permitió ubicar y retener a Belfon Arismendi en Medellín.
El equipo investigador estableció que Ortiz Nova habría gestionado recursos de los compradores para transferirlos posteriormente a una cuenta asociada a Belfon Arismendi, fondos que habrían sido destinados a la adquisición de diversos bienes en territorio dominicano.
Cordero añadió que la ciudadana venezolana también habría colaborado en la planificación de la salida de Ortiz Nova del país hacia Colombia, mientras ella permanecía en Venezuela antes de intentar desplazarse hacia Cúcuta, trayectoria que fue monitoreada hasta concluir con su retención.
El Ministerio Público informó que en las próximas horas será remitido a Colombia el expediente necesario para iniciar el proceso de entrega, documento que detalla el perjuicio causado a 122 ciudadanos dominicanos y extranjeros que confiaron en proyectos presentados bajo el nombre de una reconocida franquicia internacional.
Entre las demás personas vinculadas al caso figuran Marisol Nova Nolasco, madre de Ortiz; Rocío Rodríguez de Moya, Astrid Ridelys Bello, Samayra del Rosario Barreto y Loana Paola Guerrero, todas asociadas a una estructura que, según las autoridades, operaba presentando proyectos no verificados y captando interesados desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y Europa.
La Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, representadas por Ramona Nova y Reina Rodríguez, manifestaron su agradecimiento a Interpol Colombia por la cooperación brindada a través de la OCN-Interpol Santo Domingo, señalando que el proceso continuará desarrollándose dentro del marco judicial correspondiente.
REDACCIÓN FV MEDIOS