Santo Domingo, R.D. — Cuatro ciudadanos dominicanos fueron extraditados a Estados Unidos para responder ante la justicia federal por su presunta vinculación con una sofisticada operación internacional de estafas telefónicas dirigida, principalmente, a adultos mayores en territorio estadounidense.
Las autoridades confirmaron que Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Joel Francisco Mathilda León fueron trasladados a territorio norteamericano tras una orden emitida por un gran jurado federal en mayo de 2024. Los cuatro habían sido arrestados en agosto de 2025 en la República Dominicana como parte de un proceso de cooperación bilateral.
Según los expedientes judiciales, el grupo formaba parte de una estructura operativa instalada en centros de llamadas en el país. La investigación federal establece que los implicados habrían ejecutado un esquema conocido como “estafa a los abuelos”, mediante el cual engañaban a personas de edad avanzada simulando emergencias familiares.
La pesquisa identificó más de 400 víctimas, con una edad promedio de 84 años, y pérdidas económicas que podrían superar los US$5 millones.
Un esquema altamente coordinado
La acusación señala a Castaños García como presunto líder del entramado, que funcionaba con personal angloparlante entrenado para establecer contacto con las víctimas.
Los operadores se dividían en roles:
-
“Iniciadores”, quienes llamaban a los afectados haciéndose pasar por un familiar en problemas;
-
“Cerradores”, que retomaban la conversación representando falsos abogados o funcionarios que exigían pagos urgentes para resolver la supuesta emergencia.
Cruz Rodríguez y Puello García operaban como entrenadores y supervisores del personal que ejecutaba las llamadas, siguiendo guías preestablecidas para convencer a los adultos mayores.
En la etapa final del esquema, Mathilda León habría coordinado la entrega del dinero mediante mensajeros en Estados Unidos. Conductores ajenos al entramado eran contratados para recoger sobres en residencias particulares y llevarlos a puntos designados, sin conocer el contenido ni el propósito real.
En otras ocasiones, los acusados instruían a las víctimas a enviar efectivo a través de servicios postales, transportistas comerciales o a desplazarse en vehículos compartidos hasta instituciones bancarias para retirar más fondos bajo pretextos de nuevas “urgencias”.
Movimientos financieros encubiertos
Los documentos federales revelan que el dinero recolectado era posteriormente depositado en cuentas específicas o entregado a cómplices en ciudades como Nueva York. Desde allí, los fondos eran enviados a la República Dominicana a través de intermediarios especializados en operaciones financieras clandestinas.
Posibles sanciones
Las autoridades estadounidenses indicaron que los procesados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, delitos que pueden conllevar hasta 20 años de prisión, multas de hasta US$250,000 o el doble del daño causado, además de tres años adicionales de supervisión.
Los acusados también enfrentan cargos por transacciones financieras ilícitas, cuyas penas se equiparan en magnitud a las del fraude.
La sentencia final será determinada por un juez federal, conforme a las directrices procesales aplicables en este tipo de casos.
Las agencias federales continúan ampliando la investigación, con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y rastrear el flujo total de los fondos movidos por la presunta red.