SAN CRISTÓBAL.- La magistrada Licelot Casado, actuando interinamente por la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, decidió no conceder la libertad condicional al interno Pablo Ross, quien cumple una pena de diez años de reclusión según la Ley 136-03, relacionada con el Sistema de Protección Integral de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
El fallo judicial establece que el delito por el cual Ross fue condenado implica un agravio significativo contra una menor de edad, generando un impacto social considerable que justifica la negativa de la libertad anticipada.
La magistrada Casado fundamentó su decisión en que “Ross no ha mostrado un arrepentimiento auténtico”, elemento considerado crítico para cualquier solicitud de libertad condicional. El tribunal destacó que la ausencia de acciones concretas que demuestren su rehabilitación y compromiso con la sociedad impide cualquier tipo de beneficio penitenciario.
Durante la audiencia, se evidenciaron graves deficiencias en la figura del garante propuesto por Ross, quien no pudo verificar su solvencia económica ante el tribunal. Aunque afirmó manejar una empresa con más de una década de operaciones, carecía de documentación que corroborara dicha información. Esta situación, sumada a sus frecuentes viajes al exterior, lo inhabilitó para ofrecer la supervisión continua requerida en estos casos.
Los padres de la menor, constituidos como querellantes en el proceso, manifestaron firmemente que “no ha existido compensación alguna que atenúe el sufrimiento experimentado” tanto por la víctima como por la comunidad en general. Este testimonio fue determinante para que el tribunal consolidara su decisión de rechazar la solicitud.
La defensa de Ross intentó sustentar su petición argumentando un supuesto deterioro en la salud del interno, pero el informe médico presentado careció de la validación requerida y contó con la oposición de la certificación oficial que destacaba el óptimo estado de salud del recluso.
La resolución judicial establece que los representantes legales de Pablo Ross podrán presentar una nueva solicitud de libertad condicional después de transcurridos tres meses desde la notificación oficial de esta decisión.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**