Los principales actores en el sistema de justicia son:
**Víctima**: Persona que alega sufrir un daño.
**Imputado**: Persona a la que se le atribuye haber cometido el hecho.
**Ministerio Público**: Representante de los intereses de la sociedad y encargado de la investigación, con miras a ejercer la acción penal o descartarla.
**Poder Judicial**: Tiene el papel de administrar justicia y garantizar un proceso justo sobre la base de la constitucionalidad.
**Defensor**: Abogado que tiene por objetivo defender los intereses de su representado.
**La Constitución**: Su rol es garantizar los derechos fundamentales y un debido proceso para todos los involucrados.
Sin embargo, llevar esto a la práctica en la República Dominicana se torna complejo, ya que es un sistema saturado con grandes lagunas de forma y fondo, lo que impide garantizar que el debido proceso se respete a plenitud.
Un ejemplo principal es el cúmulo de trabajo en el ámbito jurídico, producto de la poca intención del Estado dominicano de formar en las escuelas a niños y jóvenes sobre materias principales de derecho y constitución. Esto genera ignorancia en materia de responsabilidad jurídica y régimen de consecuencias por los actos realizados.
Además, se observa falta de interés del Ministerio Público en materia de conciliación, lo que lleva a que incidentes que podrían resolverse mediante comunicación entre actores y fiscales se conviertan en casos legales. Esto incrementa el volumen de casos, genera gastos para las personas involucradas y más trabajo para jueces y fiscales.
Asimismo, las condiciones en que se desarrolla diariamente el tren judicial no garantizan una vida digna para los encargados de investigar y juzgar. Esto promueve fallas como falta de voluntad para desarrollar investigaciones correctas, falta de tiempo para ponderar decisiones basadas en justicia, dilatación en las sentencias y decisiones anticonstitucionales.
Temas como la prisión preventiva en todos los casos establecidos por el Ministerio Público, las condiciones en los sistemas penitenciarios, las revisiones obligatorias, la lentitud para obtener libertad tras una sentencia, las citas sin concretar con malas intenciones y las decisiones de jueces sin verificación previa de garantías, convierten al sistema judicial en una incertidumbre para quienes deben enfrentarlo.
Corresponde al juez una gran labor, ya que, debido a las debilidades existentes, tiene la responsabilidad de evitar que las cárceles se sigan inundando de internos privados de libertad, muchos de los cuales podrían enfrentar su proceso con medidas menos gravosas.
**Att. Lic. Víctor Céspedes Mejía. Abogado constitucionalista/penalista.**
**REDACCIÓN FV MEDIOS**