La diputada de La Romana, Jacqueline Fernández Brito, confirmó su separación de Ethian Vásquez, también conocido como Esteffani José Vásquez Amarante, quien fue detenido el pasado 28 de octubre y es señalado extraoficialmente por presuntos vínculos con tráfico de sustancias ilícitas. Más allá del proceso legal de separación, la interrogante principal gira en torno a si Vásquez aportó recursos económicos a la campaña congresual que llevó a Fernández al Congreso Nacional en mayo de 2024.
Ese mismo día de la detención, los representantes legales de la legisladora presentaron ante el tribunal civil de La Romana una solicitud para fijar audiencia con el propósito de formalizar el divorcio, lo que ha generado suspicacias y comentarios en diversos sectores políticos y sociales.
Fernández obtuvo 14,719 sufragios en las elecciones, convirtiéndose en una de las candidatas más votadas de su provincia. La cuestión sobre si su entonces esposo, hoy investigado y en proceso de separación, contribuyó económicamente a su campaña política continúa siendo objeto de debate y análisis.
Antes de ocupar una curul en la Cámara de Diputados, Fernández desempeñó el cargo de gobernadora de La Romana, designada por el presidente Luis Abinader. Actualmente funge como secretaria del bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM), posición que la perfila como una figura en crecimiento dentro del ámbito político oficialista.
A pesar de su respaldo electoral, su candidatura dentro del PRM enfrentó desafíos. El Tribunal Superior Electoral (TSE) había decidido excluirla del listado de candidaturas ganadoras para otorgar la posición a Dayna Manzano de los Santos, debido a un error administrativo. Posteriormente, Fernández logró mantener su candidatura mediante el sistema de reservas del partido.
Tiempo después, Manzano renunció y fue sustituida por Virginia Mónica Lorenza, cerrando así una serie de movimientos internos que marcaron la etapa previa a las elecciones.
En su declaración jurada del 13 de septiembre de 2024, la diputada reportó un total de RD$35,196,438.35 en activos, de los cuales RD$25.9 millones correspondían a bienes inmuebles y RD$6.9 millones a vehículos. Su patrimonio neto ascendía a RD$27,239,088.69, tras pasivos por RD$7,957,349.66.
El documento también refleja participación societaria en la empresa Jeneiris E Y J Inversiones, de la cual percibía ingresos mensuales de RD$70,000. Además, detalló su trayectoria laboral: entre 2003 y 2005 trabajó como vendedora de productos alimenticios para Induveca, y entre 2007 y 2011 ocupó un cargo similar para la región Este de Sigma Alimentos. Más adelante, entre 2020 y 2024, se desempeñó como gobernadora provincial de La Romana.
En el momento de su declaración patrimonial, Fernández se encontraba casada con Esteffani José Vásquez Amarante. El uso de recursos provenientes de actividades ilícitas para financiar campañas políticas es considerado un suceso grave y un método empleado para encubrir movimientos de capital. Por ello, surge la interrogante sobre quién financió la campaña de Fernández y qué reportes entregó su equipo a la Junta Central Electoral.
La diputada divulgó un comunicado donde expresó que desde hacía tiempo se encontraba separada de Vásquez y que los hechos por los cuales es investigado son “exclusivamente de su responsabilidad individual”. No obstante, la proximidad temporal entre la detención y la solicitud de divorcio ha generado cuestionamientos sobre la secuencia de los acontecimientos.
El caso impacta no solo en la imagen personal de Fernández, sino también en la de un partido político que ha manifestado su compromiso con impedir la penetración de las estructuras vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas en la vida pública. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una comunicación oficial sobre la detención ni precisado cargos formales en contra de Vásquez.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**