El caso que involucra a la diputada de La Romana, Jacqueline Fernández Brito, ha generado interrogantes sobre el financiamiento de su campaña al Congreso Nacional. La legisladora, cuya separación de Ethian Vásquez, también conocido como Esteffani José Vásquez Amarante, fue confirmada recientemente, enfrenta escrutinio público después de que su exesposo fuera detenido el 28 de octubre, señalado extraoficialmente por presuntos vínculos con actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de sustancias controladas.
Pese a estar en proceso de divorcio, el trasfondo del caso se centra en la posible vinculación de Vásquez como aportante financiero en la campaña de Fernández durante su exitosa contienda electoral de mayo de 2024, en la que obtuvo 14,719 votos. La situación ha despertado interés público y motivado discusiones sobre la transparencia en los procedimientos de financiamiento político.
A nivel político, la carrera de Fernández Brito no ha estado exenta de desafíos. Antes de su elección como diputada, fue gobernadora de La Romana por designación del presidente Luis Abinader. Actualmente, Fernández es figura prominente dentro del bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde se desempeña como secretaria. Su trayectoria política incluye su inicial exclusión por el Tribunal Superior Electoral (TSE) del listado victorioso de las elecciones, en favor de Dayna Manzano de los Santos, decisión revocada mediante las reservas del partido después de movimientos sucesivos que culminaron con la renuncia de Manzano.
En el ámbito financiero, la situación de la diputada es objeto de análisis, considerando su declaración jurada presentada el 13 de septiembre de 2024, donde refleja un patrimonio de RD$35,196,438.35 en activos. Su inventario financiero detalla RD$25.9 millones en bienes inmuebles y RD$6.9 millones en vehículos, con un patrimonio neto reportado de RD$27,239,088.69 después de pasivos por RD$7,957,349.66. Además, declara ingresos por RD$70,000 mensuales provenientes de la empresa Jeneiris E Y J Inversiones.
La comunidad política y civil observa con atención cómo evoluciona el caso. El posible uso indebido de recursos ilegales en campañas electorales genera preocupaciones en términos éticos, legales y sobre la integridad de las instituciones democráticas del país. Fernández ha intentado, mediante comunicados, distanciarse de las acciones de Vásquez, afirmando que estaba separada de él antes de los recientes acontecimientos, que califica como responsabilidad exclusiva de este último.
Aún sin comunicación oficial de las autoridades sobre la detención o cargos específicos contra Vásquez, el contexto general plantea incógnitas significativas respecto a la posible penetración de elementos ilegítimos en la política dominicana. El papel de instituciones como la Junta Central Electoral cobra especial relevancia, dada su misión de velar por la transparencia y legalidad en las elecciones. Se espera que las autoridades pertinentes ofrezcan mayores esclarecimientos conforme avancen las investigaciones.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**