Ante la nueva burla y provocación a las leyes dominicanas del exembajador estadounidense Wally Brewster, el comunicado aclaratorio de la Junta Central Electoral -única entidad facultada para oficiar matrimonios, que deben ser entre un hombre y una mujer- sirvió para enmendarle la plana al controversial personaje. Sin embargo, como nación que debe hacer cumplir sus reglas, volvemos a mostrarnos lentos en la respuesta. Ante la reiteración de actos afrentosos, otras autoridades debieron salir al frente y demandar respeto a nuestras leyes, costumbres, valores y tradiciones.
Este ciudadano de apariencia afable, desde que inició como embajador en el país y provocó un choque protocolar al aparecer ante el cuerpo diplomático con “un esposo” y luego visitar planteles escolares en su compañía, debió ser llamado a capítulo por la sociedad y titulares de instituciones.
El único que en su momento lo puso en su puesto fue el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, cuando el entonces representante de Estados Unidos promovía agendas contrarias a los intereses nacionales.
Aunque el acto era simbólico y jamás legal, el evento patrocinado por Brewster en un club privado pudo quedarse en ese marco, respetándose como su preferencia sexual, pero es evidente que había un interés mediático especial, sin guardar formas.
No casualmente, se hizo coincidir el matrimonio gay en Santiago con la llegada de la nueva embajadora norteamericana, Leah Francis Camps, quien envía una muy buena señal a los dominicanos al escoger, en su primera visita, la Catedral Primada como su puerta de entrada al país. ¡Qué gran diferencia entre una dama que da buena impresión desde el inicio y otra persona que reitera su línea de notas discordantes! Lo menos que debió hacer Wally, además de cumplir nuestras leyes, era respetar el espacio de la nueva embajadora y su política.
Por elemental prudencia, en vez de reaparecer como ente de controversia, Brewster debió -y debe- recogerse.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**