Las últimas reformas constitucionales (2010-2015) generaron la creación de numerosas leyes y la modificación de las existentes, así como la implementación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia. Sin embargo, estos últimos no han sido establecidos, según el artículo 165 de la Constitución de la República Dominicana (CRD). Esta situación representa una violación a la Constitución y una restricción al acceso a la justicia de los ciudadanos, al privarles de una instancia judicial cuando buscan que se les haga justicia. Se vulnera así el derecho de acceso a la justicia, conforme al artículo 69 constitucional.
Otra violación que afecta a la Carta Magna es que el Congreso Nacional aún no ha completado el marco jurídico con las siguientes leyes exigidas por la Constitución:
• Ley de Desacato, art. 94
• Ley de Iniciativa Popular, art. 97
• Ley sobre publicación de ley, art. 109
• Ley de control y fiscalización, art. 115 (promulgada recientemente)
• Ley sobre el juicio político
• Ley de Control de Legalidad de la Administración Pública, art. 139
• Ley de Prescripción y Procesal de los Crímenes de Corrupción, art. 146
• Ley de Rendición de Cuentas del Poder Judicial, art. 151
• Ley que crea los Juicios de Extinción de Dominio, art. 51 (aún no implementada plenamente)
• Modificación del nombre al Código Procesal Penal y de las leyes que regulen Derechos Fundamentales para que se denominen Leyes Orgánicas, art. 112
• Ley que Regula el Procedimiento del Referendo, art. 210
• Ley que crearía el delito de alta traición, espionaje y conspiración, art. 23
• Ley de derecho a petición, art. 22
• Ley de derecho a la rectificación, art. 49
• Ley que crea la jurisdicción penal para militares y policías, arts. 253 y 257
La ausencia de estas normativas constituye una omisión legislativa por parte del Congreso Nacional, lo que afecta directamente la integridad y aplicación de nuestra Constitución.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**