Por Tony Peña Guaba. República Dominicana ha logrado un crecimiento económico sostenido que la posiciona como la novena economía del continente americano y la séptima de América Latina. Sin embargo, este avance plantea el desafío de seguir creciendo mientras se reducen las brechas de pobreza y desigualdad que aún persisten. El Estado tiene la obligación moral y social de tenderles la mano a quienes han quedado rezagados del progreso. Naciones desarrolladas como Estados Unidos o México destinan miles de millones de sus presupuestos a programas sociales, conscientes de que la inversión en la gente es la base del desarrollo sostenible. En República Dominicana, los programas sociales han sido una herramienta vital para mejorar la calidad de vida de millones de familias. Sorprende que sectores de la oposición política parezcan desconocer el impacto positivo de estas políticas. Mientras se plantea una discusión legítima sobre la indexación salarial, resulta incongruente proponerla a costa de reducir las ayudas sociales que benefician a cerca de cinco millones de dominicanos. Programas como la Tarjeta Supérate, los Bonos Luz, Gas, Escolar, Madre, de Emergencia y Navideño, así como las raciones alimenticias, los comedores económicos, el transporte estudiantil o las pensiones solidarias, representan la diferencia entre la dignidad y la desesperanza para miles de hogares. Reducir estos beneficios sería un golpe directo a los sectores más vulnerables del país. El senador Omar Fernández, por ejemplo, plantea una posición que refleja una visión parcial de la realidad socioeconómica nacional. ¿Por qué no discutir también una revisión de los subsidios y exenciones fiscales que benefician a ciertos sectores empresariales? La indexación salarial es necesaria, pero no puede hacerse a contrapelo del bienestar social. No se trata de oponerse a mejorar los salarios, sino de hacerlo sin sacrificar los programas que sostienen a millones de dominicanos. Jugar con las ayudas sociales es jugar con la estabilidad y la paz de nuestro país. Protegerlas no es populismo; es justicia social. Y en una República Dominicana que crece y avanza, el desarrollo solo tendrá sentido si nadie se queda atrás. **REDACCIÓN FV MEDIOS**
