Río de Janeiro (AP).- Cientos de manifestantes marcharon el viernes en una de las favelas donde se efectuó la redada policial más letal en la historia de Río de Janeiro, la cual dejó más de 100 muertos, exigiendo la renuncia del gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, en medio de persistente indignación por el operativo.
Residentes locales, políticos, activistas, madres afligidas que perdieron a sus hijos en operaciones anteriores, y personas de otros barrios de Río de Janeiro se reunieron para expresar su furia en Vila Cruzeiro, parte del complejo de favelas Penha, donde días antes los residentes colocaron en el piso decenas de cuerpos que habían recogido de un área verde cercana tras la redada.
Al menos 121 personas murieron en el operativo del martes, incluidos cuatro policías, según la policía. La oficina del defensor público de Río dice que 132 personas perdieron la vida.
“¡Cobarde, terrorista, asesino! Sus manos están manchadas de sangre”, denunció Anne Caroline Dos Santos, de 30 años, refiriéndose a Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro y opositor del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Castro ha acusado al gobierno federal de abandonar a Río en su lucha contra el crimen organizado, una afirmación que el gobierno de Lula ha refutado.
Dos Santos acudió desde la favela más grande de Brasil, Rocinha, en la zona sur de Río, para expresar su indignación. Al igual que muchos otros manifestantes, acusó a las fuerzas policiales de cometer tortura y ejecuciones extrajudiciales.
“Ahora las madres están luchando para recuperar los cuerpos de sus hijos y enterrarlos”, manifestó, y añadió que había perdido a un amigo en la operación.
Muchas tiendas han reabierto desde que cerraron esta semana, pero todavía había señales en las calles de los eventos recientes, incluidos autos quemados que fueron utilizados como barricadas contra el ingreso de la policía al barrio de bajos ingresos.
Muchos vestían de blanco, lo que un manifestante dijo simbolizaba su deseo de paz, y algunas camisetas tenían manos rojas impresas. Otros sostenían carteles que decían: “dejen de matarnos”, o llevaban calcomanías que rezaban: “basta de masacres”.
“Esto es una desgracia para Brasil”, lamentó Leandro Santiago, de 44 años, quien vive en Vila Cruzeiro y se gana la vida con su motocicleta, proporcionando paseos y haciendo entregas. “Nada justifica esto”.
La redada del martes, llevada a cabo por unos 2.500 policías y soldados, estaba enfocada en la notoria banda Comando Rojo en las favelas Complexo de Alemão y Complexo da Penha.
Los objetivos declarados de la operación eran capturar a sus líderes y limitar la expansión territorial del Comando Rojo, que ha aumentado su control sobre las favelas en los últimos años, pero también se ha extendido por Brasil, incluso en la selva amazónica.
Los miembros de la banda recibieron a los policías con disparos y otras represalias, lo cual desató escenas de caos en toda la ciudad.
Castro indicó el martes que Río está en guerra contra el “narcoterrorismo”, un término que evoca el usado por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump en su campaña contra el contrabando de drogas en América Latina. Dijo que la operación había sido un éxito.
El gobierno estatal señaló que los muertos eran criminales que se resistieron a la policía.
Pero el número de fallecidos, el más alto jamás registrado en una operación policial en Río, provocó condenas de grupos defensores de los derechos humanos y de Naciones Unidas, al igual que un intenso escrutinio por parte de las autoridades. El Supremo Tribunal Federal, fiscales y legisladores le ordenaron a Castro proporcionar información detallada sobre el operativo.
Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, programó una audiencia con el gobernador del estado y los jefes de la policía militar y civil en Río para el 3 de noviembre.
Gran parte de la furia en Vila Cruzeiro el viernes era contra Castro. Algunos manifestantes lo llamaron “asesino” y exigieron su renuncia, o incluso que sea enviado a prisión.
“El gobernador dijo que estaba haciendo esta operación para combatir el narcotráfico. Pero necesitamos asfixiar a quienes lo financian. Necesitamos políticas que busquen abordar la corrupción”, declaró Mónica Benício, concejala local y viuda de la concejala asesinada Marielle Franco.
“El asesinato de jóvenes en las favelas no es una política pública, es una masacre”, añadió.
Mientras que algunos en Brasil —particularmente votantes y políticos de derecha— elogiaron la operación contra la banda fuertemente armada, otros cuestionaron si lograría resultados duraderos, y argumentaron que muchos de los muertos eran de bajo rango y fácilmente reemplazables.
El gobierno estatal indicó el viernes que, de los 99 sospechosos identificados hasta ahora, 42 tenían órdenes de arresto pendientes y al menos 78 tenían antecedentes penales extensos.
Pero el periódico local O Globo señaló que ninguno de los 99 nombres fue acusado formalmente por la fiscalía pública de Río de Janeiro en la investigación que respaldó la operación principal.
En la protesta muchos condenaron el estado en que se encontraron los cuerpos, de los cuales al menos uno estaba decapitado, mientras que otros fueron hallados con heridas de arma blanca o atados.
Adriana Miranda, una abogada de 48 años presente en la manifestación del viernes, dijo que incluso si los jóvenes asesinados eran sospechosos de participar en el crimen organizado, de todas formas tenían derechos.
“Las sospechas deben ser investigadas. Hay todo un procedimiento establecido en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal que debe seguirse”, expresó. “La Constitución garantiza los derechos de todos”.