Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader declaró este viernes el estado de emergencia nacional para las compras y contrataciones públicas destinadas a reparar los daños provocados por el huracán Melissa, que ha dejado a su paso inundaciones, comunidades incomunicadas y graves afectaciones a viviendas, infraestructuras y servicios esenciales en gran parte del país.
La medida, formalizada mediante el Decreto 627-25, responde a los informes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que desde el 21 de octubre vienen advirtiendo sobre los fuertes efectos del fenómeno atmosférico, el cual ha generado una situación de alto riesgo para la vida y la seguridad de miles de personas.
Las intensas lluvias, los vientos y las tormentas eléctricas provocaron crecidas de ríos y cañadas, así como inundaciones rurales y urbanas que impactaron directamente en viviendas, plantaciones agrícolas, carreteras, acueductos y otras infraestructuras vitales.
Entre las zonas más golpeadas figuran el Distrito Nacional y las provincias Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Nouel.
El decreto destaca que el lento desplazamiento de Melissa prolongó las lluvias, agravando los daños incluso en áreas que no fueron directamente afectadas por el fenómeno, pero que sufrieron el desbordamiento de ríos compartidos con otras zonas.
Contrataciones de emergencia
El presidente Abinader dispuso que distintas instituciones del Estado puedan realizar compras y contrataciones bajo el procedimiento de excepción por emergencia nacional, a fin de acelerar la respuesta y recuperación en las comunidades afectadas.
Entre las entidades autorizadas figuran los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Salud Pública, Educación, Agricultura, Interior y Policía, Turismo, así como el Servicio Nacional de Salud (SNS), PROMESE-CAL, INAPA, INDRHI, INESPRE, PROPEEP, CAASD, EDENORTE, EDESUR, EDEESTE, ETED y la Defensa Civil, entre otras.
Estas instituciones deberán realizar los procesos de contratación a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas, y rendir un informe detallado de sus acciones a la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.
Duración y control de la medida
La declaratoria de emergencia tendrá una duración de 30 días a partir de su emisión. Durante ese período, el Gobierno busca garantizar una respuesta rápida y coordinada que permita restablecer los servicios básicos, reconstruir infraestructuras dañadas y ofrecer asistencia directa a las familias damnificadas.
El decreto resalta que las medidas adoptadas se realizan “en observancia de los principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y supremacía del interés general”, tal como establece la Constitución dominicana y las leyes sobre gestión de emergencias y contrataciones públicas.