En Santiago se ha generado una controversia de gran magnitud tras el arresto de Alexander Ramón Peña Henríquez, exfuncionario del Ministerio de Salud Pública dominicano. El caso adquirió relevancia nacional luego de que se difundiera un video que lo compromete en un presunto intento de tráfico de menores. Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, muestran al exfuncionario supuestamente ofreciendo dinero a una ciudadana haitiana a cambio de que le consiguiera una menor de edad.
Fuentes judiciales confirmaron que el abogado defensor, Fernando Quiñones, comunicó que su cliente fue cesado de su puesto tras hacerse pública esta evidencia. La audiencia para la imposición de medidas de coerción, programada inicialmente para esta semana, fue postergada para el próximo lunes, según decidió el Tribunal de Atención Permanente de Santiago. En el contenido del video, cuya autenticidad ha sido verificada, se escucha a Peña Henríquez sugiriendo entre 15,000 y 20,000 pesos dominicanos como compensación por obtener a la “señorita”.
Las autoridades judiciales han catalogado este suceso como una grave violación a múltiples normativas locales. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para el acusado, basándose en los artículos modificados del Código Penal y específicamente citando las reformas contenidas en la Ley 24-97, junto con disposiciones relacionadas con el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. Además, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes prevalece en las acusaciones, dada la evidente implicación de menores.
El impacto de esta situación ha resonado en diversas instituciones dominicanas dedicadas a los derechos de la niñez. Organizaciones no gubernamentales expresaron su preocupación por la posible impunidad en casos donde se hallan funcionarios implicados, alertando sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas de protección y prevención.
La conmoción también se ha dejado sentir en la comunidad de Santiago, donde residentes expresan consternación por las alegaciones contra un individuo vinculado al sector público. No obstante, Peña Henríquez ha declarado su inocencia, alegando amnesia respecto a la conversación incriminatoria y sugiriendo que podría haber actuado bajo la influencia de alguna sustancia administrada sin su conocimiento.
Junto a Peña Henríquez también se investiga a una mujer identificada como Luisa, posiblemente vinculada como intermediaria en la negociación delictiva expuesta en el video. Las autoridades se encuentran perfilando el papel de Luisa y esclareciendo su nivel de implicación en los hechos.
El Ministerio Público continúa recopilando evidencias contundentes que complementen el proceso judicial, asegurando que todos los elementos del caso sean examinados con la intensidad que merece su gravedad.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**