HAZLETON, PA.- José Joaquín Mota, presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Pensilvania, Delaware y Sur de New Jersey, declaró que las autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM) podrían enfrentar procesos de destitución (impeachment) por presunto uso de dinero ilícito proveniente del narcotráfico.
La información fue proporcionada durante un encuentro con simpatizantes en Hazleton. El tema ha cobrado relevancia tras conocerse que numerosos funcionarios, miembros y allegados al partido de gobierno han sido solicitados en extradición o mencionados en expedientes judiciales tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.
Mota explicó: “En Estados Unidos hemos sido testigos de procesos de destitución y descalificación de cargos públicos, incluyendo presidentes y candidatos. Por ejemplo, Richard Nixon en 1972 con el caso Watergate – solo un caso de infiltración en las oficinas del partido contrario – al enfrentar el impeachment, decidió renunciar a la presidencia. Además, tenemos los casos recientes del senador Bob Menéndez y John Edwards, quien en 2008 usó dinero de su campaña presidencial para ocultar un romance”.
Señaló que las leyes en República Dominicana, al igual que en Estados Unidos, prohíben explícitamente el uso de dinero ilícito en campañas electorales. La Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en los numerales 3 y 4 del artículo 64, indica claramente que son contribuciones ilícitas los aportes provenientes de actividades ilícitas y aquellos cuya procedencia no puede determinarse.
El artículo 64 de esta ley especifica que recibir fondos de corrupción, tráfico de drogas, gobiernos, ayuntamientos y entidades extranjeras, así como donaciones de terceros y dinero no rastreable, son considerados ilícitos. La Ley de Régimen Electoral 20-23 Orgánica del Régimen Electoral establece penalidades criminales para el financiamiento de campañas con dinero ilícito, incluyendo multas, prisión, sentencias y descalificación política.
Agregó que la Ley Anti Lavado y Financiación del Terrorismo 155-17, en casos de drogas, corrupción y lavado de activos, establece penalidades que van desde 10 a 20 años de prisión y descalificación de cargos públicos.
“Esto nos indica que en República Dominicana, un funcionario electo que haya utilizado fondos ilícitos puede ser destituido, perder su escaño, ir a prisión y sufrir descalificación permanente de la política”, explicó Mota.
Añadió que existen evidencias de casi una veintena de personas que inyectaron o alcanzaron escaños con dinero ilícito proveniente del narcotráfico, entre ellos: Yamil Abreu, ex director municipal y director de campaña regional; Miguel Gutiérrez, diputado condenado a 16 años de prisión en Estados Unidos; la ex diputada Rosa Amalia Pilarte, esposa de Mickey López, amigo del presidente, condenada a 5 años en República Dominicana; Faustina Guerrero, ex diputada; Nelson Marmolejos Gil, diputado reelecto; Edison Herrera «Yeyo», regidor en el Distrito Nacional; Enriquillo Brito, director de distrito, entre otros.
“Algunos ya declararon públicamente que financiaron campañas electorales en diferentes puntos del país. Todo esto cuestiona la validez de los escaños alcanzados por el PRM en las elecciones pasadas. Queda en manos de la Junta Central Electoral, el Congreso y la Fiscalía de la Nación iniciar el proceso de destitución contra todas las autoridades que se demuestre que recibieron o utilizaron fondos del narcotráfico para resultar electos”.
Para finalizar, afirmó: “Evidentemente, los casos norteamericanos no han tenido la gravedad de los casos dominicanos, y todos se han dado a conocer por la intervención del gobierno estadounidense. Si tuviéramos autoridades independientes, la Fiscalía, ante tantos indicios, investigaría y sometería a las autoridades correspondientes”.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**