República Dominicana, Santo Domingo. — La diputada y pastora Altagracia de los Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), propuso que los legisladores en la República Dominicana reciban un salario mensual de RD$500,000. Esta declaración generó controversia en un momento donde diversos sectores demandan incrementos salariales.
Actualmente, según la diputada, los ingresos básicos de los congresistas ascienden a unos RD$320,000 mensuales. Tras aplicar los impuestos correspondientes, la cantidad neta se reduce a RD$240,000. De los Santos argumentó que estas cifras no reflejan los gastos reales del ejercicio legislativo, que incluyen transporte y participación en actos oficiales que exigen una presencia formal y cuidada.
Las declaraciones de la diputada suscitaron reacciones adversas entre ciudadanos, quienes consideraron exorbitante la cifra propuesta. En plataformas digitales manifestaron indignación, argumentando que mientras legisladores buscan incrementos, sectores como magisterio, salud y fuerzas de seguridad llevan años solicitando mejoras salariales sin respuesta efectiva.
En República Dominicana, el salario mínimo ronda entre RD$12,000 y RD$24,000 mensuales, dependiendo del sector económico. Este hecho ha sido motivo de comparación entre quienes cuestionan el planteamiento de la diputada, subrayando las profundas desigualdades salariales existentes.
El debate sobre los ingresos de congresistas no es nuevo. Diferentes figuras públicas han llamado a revisar no solo salarios, sino beneficios colaterales de legisladores, buscando mayor transparencia y austeridad. De los Santos defendió su postura, destacando que el ejercicio legislativo demanda una imagen institucional acorde con la dignidad del Congreso Nacional.
Hasta la fecha, el Partido Revolucionario Moderno no se ha pronunciado oficialmente acerca de las declaraciones de su diputada. El tema continúa alimentando un complejo debate sobre la pertinencia de ajustar beneficios económicos de cargos públicos, en contraste con las demandas de justicia salarial y la necesidad de una gestión eficiente del patrimonio estatal.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**