SANTIAGO. – La jueza Yaritza Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dictó este martes prisión preventiva para cuatro agentes y garantía económica para otros siete de los once policías nacionales señalados en relación con la muerte de cinco personas ocurrida el pasado 10 de septiembre, mientras las víctimas se encontraban en una plaza comercial del sector La Barranquita, al suroeste de Santiago.
Según la acusación, los agentes policiales llegaron a la plaza comercial Valerio, ubicada en La Barranquita, a bordo de tres vehículos y, sin mediar palabras, realizaron disparos contra los hombres que se hallaban en el lugar. El hecho resultó en la muerte de cinco personas, posteriormente identificadas por las autoridades.
En etapas posteriores del operativo, los agentes presuntamente desconectaron las cámaras de seguridad de varios comercios de la plaza y requisaron los teléfonos celulares de algunos vecinos que intentaban registrar lo ocurrido. Según la fiscalía, estos actos forman parte de la investigación para establecer la cronología de los hechos y las posibles responsabilidades individuales.
La patrulla involucrada estaba integrada por los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez; el segundo teniente Domingo de los Santos; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisc Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Feliz Feliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona y José Octavio Jiménez, según la documentación judicial.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez, de 26 años; Julio Alberto Gómez (conocido como “La Tabla”), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 38; y el peluquero José Vladimir Estévez, de 25 años. Los nombres y edades se mantienen según consta en las actas y en la acusación presentada.
La audiencia de este martes fue considerada crucial para determinar las responsabilidades individuales de los implicados en el hecho que resultó en la muerte de cinco personas, y para decidir las medidas cautelares conforme a la gravedad de los cargos presentados por la fiscalía.
Tras los sucesos, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó una investigación exhaustiva del caso, con el objetivo de recopilar las pruebas técnicas y testimoniales disponibles y garantizar el debido proceso penal.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**