Las compras públicas, un área de interés histórico, demandan transparencia en la gestión de los recursos estatales.
Los oferentes que participan en los procesos de licitación y compra pública han expresado su profunda preocupación y denunciado reiteradamente la falta de transparencia y comunicación por parte de los analistas pertenecientes al Ministerio de Industria y Comercio. Concretamente, señalan que sus consultas y requerimientos de información sobre los detalles de los procesos de compra son sistemáticamente ignorados, dejando a los proponentes en la incertidumbre y sin la posibilidad de comprender las decisiones tomadas.
La frustración de los oferentes se intensifica al afirmar que, en numerosas ocasiones, son descalificados de los concursos sin recibir justificación o explicación alguna sobre las razones que motivaron tal decisión.
A pesar de haber cumplido con todos los requisitos establecidos y de haber presentado la documentación exigida de manera completa y correcta, la única comunicación que reciben es una escueta notificación por correo electrónico, informándoles de su exclusión del proceso sin mayores detalles ni la oportunidad de apelar o solicitar una revisión de la evaluación realizada.
Esta falta de retroalimentación y transparencia genera desconfianza y dificulta la participación de los oferentes en futuros procesos de compra.