Más de un año y medio de trabajo periodístico culminó con una verdad incómoda: en República Dominicana, menores de edad están siendo expuestos al uso de bloqueadores hormonales, fármacos diseñados para frenar los procesos naturales de la pubertad, sin protocolos médicos adecuados, sin control del Ministerio de Salud y con el conocimiento —o al menos la omisión— de las autoridades competentes.
La periodista Laura Guzmán, de Frontal con LG, documentó con pruebas lo que muchos consideraban imposible: una red activa de distribución de bloqueadores a niños y adolescentes, accesibles sin prescripción. Durante su investigación, Guzmán logró comprar uno de estos medicamentos, demostrando que el producto puede obtenerse sin supervisión endocrinológica, sin receta y con total impunidad.
Estos fármacos no son inocuos. La literatura médica internacional advierte que su uso en menores puede provocar pérdida de masa ósea, infertilidad futura, alteraciones endocrinas, cambios neurológicos y afectaciones en el desarrollo cognitivo y emocional. Incluso en contextos médicos regulados, su uso se debate intensamente por los efectos a largo plazo que aún no se comprenden del todo.
Cuando se aplican fuera de protocolos y sin acompañamiento profesional, la situación pasa de ser riesgosa a criminal.
Esta denuncia revela que el caso fue entregado a Salud Pública y al PEDECSA, con documentación y validación médica sobre el peligro del fenómeno. Sin embargo, no hubo respuesta.
Esa inacción no solo es negligencia administrativa: es una violación directa al deber del Estado de proteger la integridad física y mental de los menores, consagrado en la Ley 136-03 del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Si los bloqueadores hormonales están siendo distribuidos o administrados sin supervisión, estamos frente a un delito de salud pública, con posibles agravantes de abuso infantil, práctica médica ilegal y tráfico de medicamentos controlados.
El Ministerio Público tiene ahora una obligación moral y legal: abrir una investigación inmediata, incautar los productos, identificar a quienes los distribuyen y determinar responsabilidades institucionales.
No se trata de un debate ideológico ni religioso. Se trata de proteger la infancia de prácticas que ponen en riesgo su salud, su futuro y su vida.
La libertad de elegir sobre el cuerpo llega con la madurez, no con la manipulación ni la desinformación. Y cuando adultos, movidos por dinero o ideología, cruzan esa línea con menores, dejan de ser ‘activistas’ y se convierten en depredadores.
Que esta investigación no se pierda en la burocracia. Que el país no vuelva a mirar hacia otro lado. Porque quien calla ante un abuso, se convierte en cómplice.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**