En editoriales anteriores se advirtió el riesgo que representaba adjudicar a una sola empresa el control simultáneo de documentos sensibles como cédula, pasaporte y licencia de conducir. No era alarmismo, sino un llamado preventivo. El tiempo ha dado la razón.
Los tres contratos ya fueron adjudicados y en la práctica es a una sola empresa, la misma en República Dominicana y Haití. Según confirmó la periodista Julissa Céspedes en Reporte Especial, esta red tecnológica tiene capacidad real para determinar quién es, quién vota y quién cruza las fronteras en ambos países. Una afirmación que no debería pasar por alto ni en el Congreso, ni en los partidos, ni en los organismos de seguridad del Estado.
Existe una concentración total del poder sobre la identidad. Cuando el pasaporte, la cédula y la licencia de conducir dependen de una sola empresa, el Estado se coloca voluntariamente en posición de debilidad: se genera una dependencia tecnológica absoluta.
Si se produjese un único punto de falla, las consecuencias serían inimaginables. Se abre la puerta a un riesgo mayor: la centralización de los datos biométricos y civiles de toda la población sin suficientes mecanismos de auditoría externa e independiente.
No se trata de sospechar de la empresa adjudicataria. Se trata de entender que ninguna empresa —por más moderna que sea— debe tener en sus manos el control total de la identidad de una nación. Cuando ese poder se concentra sin controles, sin contrapesos y sin vigilancia, se debilita lo más sagrado: la soberanía del Estado.
La identidad no debería tercerizarse. La cédula no es solo un documento, es el puente entre el ciudadano y el ejercicio de sus derechos. El pasaporte no es solo para viajar, es el símbolo de pertenencia a una nación. La licencia no es solo para conducir, es otra base de datos personal conectada a rutas, multas, transacciones y perfil digital.
¿Estamos seguros de que este conglomerado está blindado frente a ataques, fugas de datos, errores humanos o presiones externas? ¿Tenemos pruebas de que el Estado puede auditar de forma autónoma cada línea de código, cada servidor, cada cambio en estos sistemas? ¿Sabemos qué ocurre si mañana la empresa cambia de dueño, de intereses o de sede?
Si no se establece una autoridad estatal independiente que supervise, audite y tenga acceso pleno a estos sistemas, se estará regalando algo que no se recupera fácilmente: el control sobre quiénes somos.
La seguridad del país no solo se protege con militares en la frontera. Se protege blindando datos, identidad e infraestructura crítica.
Todavía hay tiempo para corregir, de una forma u otra. Es posible establecer mecanismos de supervisión externa, cláusulas de rescisión, auditorías públicas y rendición de cuentas. Pero si se sigue celebrando la modernización sin entender las implicaciones, el costo será más alto de lo imaginado.
Cuando un país pierde el control de su identidad, lo que sigue es perder el control de su destino.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**