@abrilpenaabreu
Lo sucedido con los choferes del programa TRAE no es un simple escándalo pasajero; es una señal de alarma sobre el nivel de descomposición que puede alcanzar una sociedad cuando la irresponsabilidad se normaliza. Que personas encargadas de transportar a nuestros hijos lo hagan bajo los efectos de drogas no es solo una falta disciplinaria: es una locura de proporciones épicas, un acto de peligro consciente que debería estar claramente penalizado por la ley.
Lo más grave es que los 12 casos detectados no surgieron de una investigación profunda, sino de pruebas aleatorias. Eso significa que hay una cantidad indeterminada —quizás mucho mayor— de conductores en las mismas condiciones, no solo en el TRAE, sino también en el transporte público y privado, e incluso en sectores tan delicados como la educación y la salud. ¿Cuántos profesores, médicos o conductores manejan o trabajan bajo el efecto de sustancias, y nosotros sin saberlo seguimos confiando en ellos nuestras vidas y las de nuestros hijos?
El TRAE ha hecho lo que puede: cancelar. Pero más allá de eso, el sistema no ofrece mucho más. La ley dominicana contempla el consumo o conducción bajo los efectos de drogas o alcohol como una agravante, pero no lo trata con la severidad que amerita un país donde los accidentes de tránsito ya son una epidemia. Aun si un chofer drogado mata a cien personas, las consecuencias judiciales suelen ser mínimas, porque las leyes son tan laxas que protegen más al infractor que a la víctima.
En algún momento tendremos que entender que aunque el consumo sea un tema de salud, la decisión de manejar o ejercer una función pública bajo sus efectos es un acto criminal de responsabilidad directa. Manejar un vehículo, operar una máquina o estar frente a un aula sabiendo que se está bajo la influencia de drogas no es un descuido: es una decisión consciente y, por tanto, debería tener consecuencias penales severas.
La sociedad dominicana necesita un golpe de realidad. No basta con detectar, despedir o indignarse. Se requiere una reforma legal urgente que establezca penas ejemplares para quienes ponen en riesgo la vida ajena bajo los efectos de sustancias, sobre todo cuando se trata de niños, pacientes o pasajeros.
Mientras no entendamos que la seguridad empieza por la responsabilidad individual y que la impunidad también mata, seguiremos llenando titulares de tragedias que pudieron evitarse con una simple prueba antidrogas y una ley que realmente funcione.