Desde 2019 se exhumaron 9.000 cuerpos de víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista enterrados en fosas comunes, según un informe del Gobierno, que aprueba este martes nuevos fondos para que los municipios continúen con esta labor.
En 2019 un grupo de expertos elaboró un informe por encargo del Ministerio de Justicia que planteaba que el Estado asumiera la exhumación de los restos de unas 20.000 o 25.000 víctimas fusiladas que se encuentran en fosas comunes a lo largo de toda la geografía española.
De ellos, según esos expertos, se podría quizá identificar a entre 5.000 y 7.000 personas.
La ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, afirma que corresponderá a la Administración General del Estado “la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad”.
En este sentido, los fondos que aprobará hoy el Gobierno van destinados a la Federación Española de Municipios y Provincias y los ayuntamientos.
Antes, la mayoría de esas exhumaciones, amparadas por la anterior ley de Memoria Histórica de 2007, se hicieron a cargo de entidades privadas, sobre todo, asociaciones de memoria.
A las personas enterrados en fosas comunes sin identificar en toda España habría que añadir los ya identificados en las últimas décadas, tarea que impulsó la anterior ley de Memoria Histórica.
De acuerdo con el estudio de 2019, entre 2000 y 2018 se habían abierto 740 fosas comunes y se habían recuperaron más de 9.000 cadáveres.
Desde 2019, según los nuevos datos aportados del Ejecutivo, se han exhumado 6.000 cuerpos más gracias a los fondos de los planes cuatrienales aprobados por el Gobierno y 3.000 en el marco de iniciativas impulsadas por otras entidades de memoria histórica.